En la Consejería de Empleo se toman decisiones basadas en informes que no existen en ningún formato. El pasado mes de septiembre el viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Óscar Villanueva, cesó en su cargo tras realizar un informe en el que se planteaba “una nueva organización” que aunase “criterios de gestión moderna orientada a la máxima eficiencia con el ahorro y la eliminación del gasto superfluo”. Según ese informe, su puesto de viceconsejero dejaba de existir. No ha sido el único cese, a este se suman los del director general de Industria, Fernando del Campo, el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, la coordinadora de servicios de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, el jefe del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Javier Moreno Espeja, y la del secretario Técnico Funcional del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Luis Méndez Fernández. Como del informe de Villanueva nada se sabe y el PSOE pidió una copia a través de una petición de documentación en las Cortes de Castilla y León.
La respuesta del consejero Mariano Veganzones no ha podido ser más sorprendente, ya que indica a los socialistas que “Se notifica que el Informe al que se hace referencia en esta Petición de Documentación se realizó de ”forma oral“ y no se dispone de grabación del mismo”. Es decir, que Villanueva, antes de irse, comentó el consejero qué hacer con la Consejería, empezando por la supresión de su cargo. Si había otros planes, y si se van a comunicar, dependerá de la memoria del consejero y de su voluntad de llevarlo a cabo.
No es la primera vez que Veganzones responde de una manera cuestionable a preguntas escritas del Grupo Parlamentario Socialista. Hace unos meses cuando le preguntaron por la convocatoria de subvenciones para contratar agentes de igualdad se despachó contestando que no hubo convocatoria en 2022 y que tampoco la habría en 2023, sin dar una sola razón sobre esa decisión.