El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha recomendado en un informe que las administraciones autonómica y estatal emprendan las reformas necesarias encaminadas a ajustar el gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales a los costes reales de prestar dichos servicios.
Concretamente, en su informe 'Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021', el Consejo de Cuentas ha recomendado atender menos al criterio poblacional para el reparto de fondos y sí a otros como la superficie y los kilómetros que cuesta prestar los servicios, la superficie forestal o al envejecimiento de la población.
Así lo ha indicado en su intervención este lunes en las Cortes el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, que ha asegurado que “mientras no se aborde una reforma integral del sistema de financiación, se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades”.
En este sentido, el informe recoge que, en relación al gasto vinculado al territorio, se debería aumentar el peso de la superficie y la dispersión bajando la ponderación de la variable de otros gastos, atendiendo a las “peculiaridades de Castilla y león”: su baja densidad de población o su reparto desigual en numerosos asentamientos.
Además, el informe ha especificado que se debería incluir un indicador que refleje “el fenómeno de la despoblación” y que debería existir un fondo específico, distinto del Fondo de Compensación Interterritorial, que atienda a la despoblación, a repartir entre las comunidades autónomas con menor densidad de población.
Finalmente, el Consejo de Cuentas también ha recomendado que la Consejería impulse las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente.
El informe presentado este lunes detalla que Castilla y León es una de las comunidades autónomas cuyo gasto social por habitante (sanidad, educación y servicios sociales) más se ha incrementado con respecto a 2009, pasando de 2.514 a 3.219 euros en 2021. Así, es la cuarta Comunidad con mayor aumento en dicho periodo, un 28% (después de Cantabria, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana).
La deuda autonómica
En relación a los datos de deuda autonómica incluidos en el informe, el Consejo de Cuentas ha expuesto que esta alcanzó en 2021 los 13.215 millones de euros, mientras que en 2004 ascendía a 1.451, experimentando su crecimiento más significativo a partir de 2009, “coincidente con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica”.
Dicho aumento, ha subrayado Amilivia, se encuentra “por debajo de la media ponderada” por el PIB para el conjunto de las comunidades autónomas, y es menos intenso a partir de 2012. Así, el peso relativo que representa la deuda de Castilla y León con respecto al total de las comunidades no ha variado sustancialmente en el periodo analizado, representando el 4% desde 2010.
Por otro lado, Amilivia ha destacado que, de los 179.763 millones de deuda viva en préstamos de los fondos de financiación autonómica en 2021 del conjunto nacional, solo 2.349 -en torno al 1%- corresponden a Castilla y León.
Finalmente, el informe refleja que la deuda pública con respecto al PIB alcanzó en 2021 en Castilla y León el 22,7% frente al 25,9% de la media; y la relación de la carga financiera de la deuda con los ingresos corrientes se sitúa en torno al 14%, nueve puntos por debajo de la media.