La exconsejera de Hacienda entre los años 2003-2015, Pilar del Olmo, ha testificado este martes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Valladolid contra parte de la cúpula de la Consejería de Economía y empresarios por el sobrecoste del edificio Perla Negra y la compra de los terrenos en Portillo para un polígono industrial que nunca se desarrolló. Del Olmo ha asegurado que nunca fue informada de la compra del edificio que albergaría las empresas públicas y algunas direcciones generales de Economía, sólo del alquiler.
Según ha precisado ante el tribunal, entre “finales de octubre y primeros de noviembre del año 2007” - cuando la construcción del edificio ya era un hecho-, el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, fue a su despacho para informarla de que quería “agrupar en un solo edificio en alquiler algunas direcciones generales, empresas publicas y fundaciones de su Consejería”. Villanueva tenía competencias a través de ADE -Agencia de Desarrollo Económico- para alquilar edificios pero no para servicios centrales por lo que pidió a Del Olmo una delegación de la secretaria general de Hacienda, Teresa Mata, al secretario general de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales acusados en el juicio. Esa delegación se llevó a cabo pero a partir de ese momento la exconsejera no supo más del asunto. “No me dieron cuenta de nada”, ha declarado.
Tanto es así, que supo que desde su Consejería se habían encargado dos tasaciones del edificio a Tinsa y a Alia que establecieron el valor del Perla Negra en 39,1 y 41,7 millones de euros respectivamente. Esa tasación, aunque la pagó Hacienda, fue un encargo de Rafael Delgado. Del Olmo ha explicado que su firma aparece en los contratos menores porque siempre son necesarias tres firmas y firmaba pilas de documentos de contratos menores. Conoció la existencia de esas tasaciones cuando la causa se estaba instruyendo y la Consejería tuvo que aportarlas al juzgado. Ha explicado que en la Consejería de Hacienda no tenían personal especializado para hacer ese tipo de valoraciones, de ahí que se encargasen a empresas externas. “¿Llegó a cesar a su secretaria general, Teresa Mata, por este asunto?”, ha preguntado el abogado de Rafael Delgado. “No tuvo nada que ver, nada”, ha respondido Pilar del Olmo.
Respecto a la compra del edificio, ha precisado que ella hizo la delegación de competencias para alquilar, pero no para comprar, si bien ha matizado que Gesturcal como empresa pública se rige por derecho privado y no por la Ley de Patrimonio, por lo que no precisa autorización, de hecho en endeudamiento de esa sociedad no computa en las cuentas de la Comunidad, por lo que puede comprar como si fuese una empresa privada. También ha reconocido que, aunque en el consejo de Gesturcal siempre ha habido altos cargos de su Consejería “nunca” le mencionaron que se iba a comprar el edificio.
La entonces consejera no sólo no supo de las tasaciones del edificio ni del cambio de planes de alquiler a compra, tampoco conoció que se había adjudicado a dedo un contrato por 4,4 millones de euros a Unifica para la división interna y la señalética del edificio. “Supe que no había expediente de adjudicación cuando lo busqué para remitirlo al juzgado y no encontramos la publicidad de la concurrencia, sólo la oferta de Unifica, no vimos expediente de ningún tipo”, ha confirmado. Fue en ese momento, en el año 2016, cuando vio “algo raro” y decidió personarse en la causa, a pesar de que años antes los servicios jurídicos de la Junta consideraron que no había perjuicio para la administración. En ese momento, en declaraciones ante la prensa, la entonces consejera fue tajante: “Sólo hay una persona que firma la adjudicación, sólo hay una persona que firma los pagos. No voy a decir el nombre, pero ostentaba el cargo de secretario de Economía”, anunció.
El abogado de Delgado ha preguntado si un expediente durante la corta fase de alquiler del edificio, en manos de Gesturcal, requería un expediente, algo a lo que Del Olmo no ha sabido responder. También a preguntas del mismo letrado, la exconsejera ha afirmado que el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, nunca habló con ella de la operación de compra del Perla Negra después de que Pablo Trillo le alertase de que los precios que se manejaban eran “disparatados”.
Durante la jornada de juicio de este martes han declarado también varios propietarios de terrenos rústicos en Portillo que vendieron a uno de los acusados para hacer un polígono industrial, que han confirmado con quien trataron y que la zona “sigue siendo un prado” así como un policía que ha ratificado el volcado que se hizo de un disco duro de Gesturcal. El juicio reanudará este jueves y está prevista la declaración de Juan Vicente Herrera como testigo.
Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.