El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, exigirá que el nuevo decreto de Memoria en el que trabaja el gobierno autonómico tenga un reconocimiento a “las víctimas de algunos gobiernos de la II República”, ha explicado en una entrevista concedida a Diario de Burgos, periódico burgalés propiedad del empresario Méndez Pozo, que también tiene la mitad de Televisión Castilla y León, cuya subvención anual de 20 millones de euros acaban de aprobar PP y Vox pese a las promesas electorales del partido ultraderechista.
Para el dirigente de Vox, el decreto elaborado durante la última mayoría absoluta del PP (de la mano de Juan Vicente Herrera), da una visión “sesgada” de la Historia, mientras él apuesta por una visión “neutral y conciliadora como el pacto de la Transición”: “Hay unas víctimas que merecen reconocimiento, que son las víctimas del régimen franquista. Y hay unas víctimas que no tienen ningún reconocimiento, que son las víctimas de algunos gobiernos de la II República”.
El decreto de 2018, publicado en el Bocyl, consta de 11 páginas y tiene como objeto “el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”.
El segundo capítulo articula el procedimiento para la localización e identificación de las víctimas y se declaran las exhumaciones como actividad “de utilidad pública”, por lo que se permite la ocupación temporal de los terrenos si los titulares no dan su consentimiento. También se promueve la elaboración de mapas de fosas comunes como el que ha elaborado un equipo multidisciplinar de la Universidad de Burgos. El decreto apoya los actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y la dictadura del franquismo y anima a incluir contenidos en el currículo escolar. Se crean un consejo técnico y otro asesor con representantes de la Junta, de los municipios, asociaciones de memoria, expertos en Arqueología, Medicina Forense, Historia Contemporánea y Derecho y un representante sindical.
En la entrevista, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León culpa al “ecologismo radical y las políticas verdes” de convertir el campo en un “polvorín” y ha asegurado que el “deterioro” del medio ambiente “no es culpa de las clases trabajadoras de occidente”, quienes —afirma— “pagan las consecuencias del ecologismo radical y de las políticas verdes”. “De nada sirve crear una zona de bajas emisiones en Zamora mientras en China e India queman carbón a destajo y vierten toneladas de plástico a sus ríos que acaban en el océano Pacífico”, ha aseverado en la entrevista.
No es la primera vez que García-Gallardo critica las políticas de lucha contra el cambio climático. En su estreno en el Comité de las Regiones de Europa, rechazó de plano el debate y defendió el “derecho” a tener un vehículo en propiedad y acceder con él al centro de las ciudades. “No necesitamos zonas de bajas emisiones, sino de altos nacimientos”, afirmaba a finales de junio.
También ha acusado a los medios de hacer “un ejercicio deshonesto de mutilación del discurso para tomar solo una parte que les interesa y eliminar el contexto”, una relación a la que se está “acostumbrando”.
Además, ha justificado el aumento de los asesores tras el nuevo gobierno de coalición PP-Vox: “Cada euro que gasta la vicepresidencia es un euro destinado al bienestar de los ciudadanos de la región”.