La reunión se produjo, se despachó en una hora y no hubo acuerdo. La Comisión de Ética Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, se reunió el pasado 22 de diciembre para abordar un pronunciamiento sobre el posible incumplimiento del Código Ético por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por unas declaraciones que hizo en el balneario Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid) en las que criminalizaba a un grupo de migrantes que estaba alojado allí, y por lo ocurrido en una manifestación ante la sede del PSOE, en la que estaba acompañado del consejero de Empleo, Mariano Veganzones.
La solicitud se hizo el 30 de noviembre por parte del exvicepresidente de la Junta y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien el pasado 8 de enero añadió a la consulta la solicitud de incluir las declaraciones de García-Gallardo en las que arremetía contra el Fiscal Superior del TSJCyL, calificándole “delegado del PSOE golpista en la Fiscalía” y acusándole de excederse en sus funciones tras desestimar que hubiese cometido un delito de odio, pero calificando las palabras del vicepresidente como “reprobables socialmente” y “desafortunadas”.
En la reunión del pasado 22 de diciembre, presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y a la que asistieron como vocales el secretario general de la Consejería, Santiago Fernández Martín; Elena Vicente Domingo, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos; Miguel Díaz y García-Conlledo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León y Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y Teresa García López como se secretaria, se abordaron dos puntos, uno de tipo de logístico y el que afecta al vicepresidente y al consejero.
La reunión podría haber incumplido la propia normativa de la comisión al estar presidida por González Gago, ya que según se establece en el artículo 16 d, punto dos de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León “En el supuesto de que la Comisión deba pronunciarse sobre asuntos que afecten a alguno de los altos cargos que forman parte de ella, éste será sustituido por quien determine la Junta de Castilla y León”. En este caso, González Gago, consejero de la Presidencia, se estaría pronunciando sobre un supuesto que afecta a dos miembros del gobierno autonómico del que forma parte.
Según el acta a la que ha tenido acceso elDiario.es, se decidió aumentar de 15 días a un mes el tiempo de respuesta cuando se recibe una consulta. “A medida que ha ido reuniéndose, se ha advertido la dificultad que existe en ocasiones para poder cumplir con dicho compromiso como consecuencia de los compromisos laborales que deben atender los miembros de la Comisión de Ética Pública. Por ello, se plantea la posibilidad de ampliar este plazo, pasando de quince días a un mes, sin perjuicio de que se pueda reunir antes, si ello es posible. En consecuencia, se adopta el compromiso de que la Comisión de Ética Pública se reúna en 2 el plazo de un mes desde que se tenga conocimiento de una denuncia que deba tramitarse en dicha Comisión”, se establece.
La consulta de Igea sobre García-Gallardo es por sus declaraciones sobre los migrantes, y por su asistencia con el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, a una manifestación ante la sede del PSOE el pasado 16 noviembre, en la que se increpó a una periodista de Cadena Ser y se corearon consignas contra la prensa y contra los menores migrantes no acompañados. Se trata de determinar si los hechos constituyen una violación flagrante de lo previsto en el Código Ético, en su artículo sexto “Criterios para una actuación ejemplar”, apartado 2): “En su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de manera general, estén sujetos. En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”. Según el acta, muy escueta, en la reunión se produjo “un debate sobre la libertad de expresión y los límites que pueden existir y su relación con las actividades públicas y privadas” tras el que se estimó “oportuno” profundizar “en el análisis jurisprudencial que pueda existir al respecto, dejando para una próxima reunión ”la adopción del acuerdo que proceda“.
El incumplimiento del Código Ético, que se considera una infracción grave, conlleva como sanción la declaración del incumplimiento y de la publicación en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de Castilla y León de la infracción cometida y de la identidad de su autor. Es decir, que si finalmente se establece que las declaraciones de García-Gallardo y Veganzones contravienen el Código, a la Junta no le va a quedar más remedio que publicarlo expresamente en el Bocyl, lo que de facto sería como la reprobación que tantas veces se ha rechazado en las Cortes de Castilla y León.
La segunda reunión, tomando como plazo máximo el mes que se acordó en la reunión, debería producirse como muy tarde el 8 de febrero, ya que Igea amplió su solicitud el pasado 8 de enero.