La Junta de Castilla y León cree que el coste de la integración y de la estación de trenes de Valladolid se acerca al del soterramiento

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), encargada de tratar la integración de las vías ferroviarias en la ciudad, está compuesta por el Ayuntamiento, con un 25%, la Junta de Castilla y León, con otro 25%, y el Ministerio de Transporte, con el 50% restantes. Tanto Consistorio como Ejecutivo autonómico han reprochado al ministro Óscar Puente que no les haya informado del proyecto de la nueva estación de trenes, cuya licitación por 253 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros este martes.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha planteado que, si se hacen cuentas, el coste de la integración, que a su juicio “no soluciona el soterramiento”, más el coste de la estación, de 253 millones de euros, se acerca “mucho” a lo que “podría ser el valor inicial de algunos de los cálculos para hacer el soterramiento”.

El portavoz ha cifrado en 700 millones de euros ambas obras y ha pedido “una reflexión y un análisis que merece la sociedad” para que se vea qué hacer con esos recursos. Para Carriedo, con esa cantidad, se podría abordar el soterramiento al que “aspira” Valladolid.

Es por eso que Carriedo ha reclamado que Puente que escuche “a todo el mundo” cuando tome una decisión sobre “una inversión relevante” y cuando la posición de la población del municipio ha sido “muy clara a favor del soterramiento”.

“Sería equivocado que uno solo lo tomara la decisión por todos —los integrantes de la SVAV— y sería todavía peor que esa decisión condicionara el futuro de lo que quiere la sociedad de Valladolid”, ha apostillado el portavoz.

La postura de la Junta, como ha recordado Carriedo, ya la fijó el presidente Alfonso Fernández Mañueco con las “cartas” al presidente Pedro Sánchez y es a favor del soterramiento de las vías del tren Valladolid, al igual que en Palencia, León y San Andrés del Rabanedo.

“Era una oportunidad para haber estudiado estos recursos y haber puesto en común todos los informes, analizar costes y ver si el coste total de una alternativa se podía aparecer al coste de otra. Era una oportunidad para que se pudiera analizar tranquilamente entre todos y desde el diálogo ver qué opción es la mejor y no tomar una decisión unilateral que condicione luego el futuro del resto en contra de la opinión mayoritaria de la ciudad”, ha afirmado Carriedo.

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