La Junta de Castilla y León somete a información pública el anteproyecto de la nueva Ley autonómica de Transparencia, en la que plantea multar por primera vez las infracciones en materia de Transparencia. El plazo para enviar aportaciones individuales o colectivas termina el próximo jueves 25 de junio para continuar con su tramitación.
La base de la campaña electoral de Francisco Igea, actual vicepresidente autonómico y consejero de Transparencia, fue la lucha contra el fraude y la transparencia. “Aquí se acaban 32 años de políticas opacas”, advertía en una entrevista Igea al principio de la legislatura. Poco antes de que se cumpla un año del pacto PP-Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, sale a la luz este anteproyecto de Ley de Transparencia.
El objetivo de esta nueva ley, que dejará atrás las lagunas que tenía la ley de Juan Vicente Herrera, es iniciar “una verdadera política autonómica de transparencia” y un “mejor acceso” a la información. La ley aprobada durante la pasada legislatura “ha demostrado ser una norma que no ha respondido como se esperaba a las demandas y exigencias de la sociedad”, refleja el anteproyecto de ley.
Este anteproyecto obligará a más administraciones y organismos a ser transparentes, como ayuntamientos. Todos los implicados deberán incluir aspectos hasta ahora 'olvidados' como las agendas, las retribuciones y las declaraciones de bienes, patrimonio y de actividades de todos los altos cargos.
Además, se elaborará un catálogo de información pública en el que se recopilarán todas las obligaciones de publicidad activa de la Junta de Castilla y León. “Los contenidos que se incorporarán al catálogo serán no solo aquellos sobre los que existe una obligación normativa de publicidad activa, sino los solicitados más frecuentemente y todos aquellos cuya publicidad se haya comprometido”, añade el artículo 16 del anteproyecto. El director general de Transparencia, Joaquín Meseguer, ha anunciado en Twitter que ya se está trabajando sobre este catálogo.
Para abarcar esta cantidad de datos que deberán publicarse, la ley obligará a la Junta a crear unidades de transparencia responsables del volcado información y las peticiones de información. Concretamente, las secretarías generales de las consejerías, las delegaciones territoriales y los máximos órganos unipersonales deberán contar con una unidad de transparencia dotada de personal. Todas la organizaciones y administraciones implicadas contarán con seis meses de plazo desde la publicación de la ley para ser más transparentes.
Datos mensuales de ejecución presupuestaria
Las administraciones públicas deberán publicar, entre otra información, los programas con objetivos, acciones y medios previstos, además de una estimación temporal. Se deberá publicar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de estos programas. También será obligatorio informar a los ciudadanos del presupuesto detallado y los datos mensuales de su ejecución “con el máximo detalle posible”.
Será público el gasto de los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León y en las entidades locales de Castilla y León con el detalle y desglose correspondiente. También deberán publicarse los gastos de campañas de publicidad, promoción o comunicación institucional, los planes de medios con el desglose de gastos y presupuesto asociado a cada medio y los criterios que se han utilizado para ese reparto. Según la información hecha pública hasta ahora, Ulibarri y Méndez Pozo son los empresarios de medios más beneficiados por las campañas autonómicas de publicidad. También deberá ser público el gasto realizado en concepto de patrocinio.
Sanciones de hasta 12.000 euros
Además, por primera vez, no cumplir la ley de Transparencia conllevará sanciones económicas para esa administración, institución u organismo, una de las principales demandas del órgano autonómico de control, el Comisionado de Transparencia. Las multas irán, en principio, de los 200 euros hasta los 12.000 euros en los casos más graves, como es el incumplimiento de dos o más resoluciones de la Comisión de Transparencia de Castilla y León.
La ley mantiene la unión entre el Comisionado de Transparencia y el Procurador del Común, aunque sus funciones estarán separadas. Pero no habla de incrementar su personal o presupuesto para agilizar los trámites, cuestiones que no suele abarcar una ley, pero que se encuentra entre las peticiones habituales del organismo.
Actualmente, estas resoluciones son obligatorias, pero al no haber ninguna sanción, el órgano de control debía aguardar a la buena voluntad de la administración de turno. De hecho, todavía hay 52 resoluciones de años anteriores pendientes de cumplimiento: 9 que esperan desde 2017, 18 desde 2018 y 25 correspondientes al año pasado, incluida una petición a la Consejería de Educación. Esto no sucederá si se aprueba este apartado del anteproyecto.
Cuando la Comisión tenga “indicios suficientes” de la comisión de una infracción, pedirá que cumpla la ley en un plazo de 15 días. Si el responsable no acata esta ordena, la Comisión instará el inicio del procedimiento sancionador. Sin embargo, la ley no concreta cuáles serán esos “indicios suficientes” ni cómo se sancionará al infractor exactamente.
Ayuntamientos y entidades locales
El anteproyecto amplía su ámbito de aplicación a más sujetos que los que están previstos en la ley estatal. Además de la Junta y las consejerías, también tendrán que ser más transparentes los ayuntamientos y otras entidades locales, las universidades públicas, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia.
Además, están incluidas las empresas públicas (con más 50% de participación pública), las fundaciones, los consorcios, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y las entidades privadas que perciban más de 50.000 euros de dinero público (o supongan el 40% de sus ingresos anuales). Es decir, muchas grandes empresas deberán cumplir unos parámetros de transparencia respecto a estas ayudas o subvenciones financiadas con dinero público.
Acceso a la información
Toda persona física o jurídica, tanto de naturaleza pública como privada, y las entidades sin personalidad jurídica podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública. No será necesario justificar la petición de información ni será necesario que el solicitante acredite su identidad.
Además, no existirá límite de fecha, como ya determinó el Tribunal Supremo en marzo de este año. Además, todos los sujetos enumerados en el artículo 2 están obligados “a dar respuesta en el plazo legal establecido a las solicitudes”. Adiós al silencio administrativo que sí contempla la ley estatal.