“En Canarias se deben adoptar medidas como las que hemos adoptado en Castilla y León: ayudar a los afectados por la ocupación”. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), fijaba así una de las prioridades para las elecciones municipales de mayo de 2023. Esa ayuda –una “línea de protección”, que prometieron también el consejero 'popular' de Vivienda y el PP en campaña electoral– consiste en unas oficinas antiocupación. Se pusieron en marcha a primeros de junio y hasta este martes, solo han recibido 147 consultas, lo que supone una media de 24 al mes, menos de una al día.
La provincia que más consultas ha recibido ha sido Valladolid (45), seguida de Soria (22 consultas después de un primer mes sin ninguna consulta), Zamora (21), León (18) y Burgos (17). El resto de provincias ni siquiera han recibido más de diez consultas de información: Segovia y Palencia tienen ocho consultas; Salamanca, seis; y Ávila, dos, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente.
Desde la Junta de Castilla y León aseguran que sobre todo son propietarios que muestran preocupación ante posibles ocupaciones y se informan de manera preventiva. Apenas hay casos en los que sea necesario avisar a las fuerzas de seguridad, pero sí se recogen quejas ante la “inacción” de la SAREB y las molestias que pueden causar los ocupas a los vecinos, además de que las comunidades de propietarios no cuentan con herramientas para “combatir” las ocupaciones ilegales. La Consejería de Medio Ambiente y Vivienda también ha recogido consultas de propietarios que viven en el extranjero y de dueños que buscan una alternativa al desahucio cuando el inquilino no paga y el juzgado no actúa de manera ágil.
La Consejería de Vivienda también defiende que están a disposición de las personas que ocupan ilegalmente una vivienda para saber “si es por una situación de vulnerabilidad o si responden a prácticas delictivas”. Sin embargo, en la página web no figura esta posibilidad y el apartado 'Oficinas antiocupación' está dirigido exclusivamente a los propietarios que teman o sufran la ocupación de una de sus viviendas.
La ocupación no tiene “una importancia relevante”
El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado que aunque la ocupación ilegal de viviendas no tenga “una importancia relevante” en Castilla y León, existe “temor” a la ocupación de viviendas. “Lo ideal es que no haya ninguna preocupación porque no haya ningún problema ni ningún temor”, ha defendido este lunes en su visita a las obras del albergue de Villanueva de Valdueza, en León.
Suárez Quiñones ha responsabilizado de esta “preocupación” a las reformas legislativas del Gobierno de España porque “facilitan esas actividades de ocupación y dificultan la recuperación de la posesión de los legítimos tenedores de las viviendas”, ha sostenido. El consejero del Partido Popular ha asegurado que las consultas eran preventivas o relativas a los trámites judiciales existentes.
El consejero de Vivienda ha asegurado que la Ley de Vivienda “camina en contra de lo que quiere la ciudadanía” y provoca un menor número de viviendas en alquiler, “justo lo que no tenemos que hacer”. Según el censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 había 121.618 viviendas en alquiler, 18.000 más que diez años antes, la frecuencia con la que el INE elabora este informe.
Uno de los compromisos del Gobierno de PP y Vox
Estas oficinas antiocupación constituían uno de los principales pilares del pacto de la coalición PP-Vox: “Defender la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho”. El Partido Popular ya lo llevaba en su programa: implantar “medidas de lucha contra la ocupación de viviendas” como el “asesoramiento a la víctima” para “garantizar el mantenimiento, tenencia y disfrute de una vivienda frente a usurpaciones ilegales”. Esta propuesta se está expandiendo a otras regiones como la Comunitat Valenciana, Murcia o Madrid, incluso en aquellos lugares donde Vox no forma parte del Gobierno.
Estas oficinas comenzaron su funcionamiento el 8 de junio con el propósito de informar sobre la ocupación ilegal de viviendas, ofrecer asesoramiento en relación con la prevención, la acción inmediata y, en su caso, las medidas a seguir en situaciones de ocupación ilegal en curso. A través de la página web de la Junta de Castilla y León, hay disponibles preguntas y respuestas sobre cómo prevenir la ocupación y qué hacer en caso de enfrentarse a esta situación.
El PSOE califica las oficinas de “puro marketing”
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en vivienda en las Cortes autonómicas, José Luis Vázquez, ha criticado este martes las oficinas antiocupación que ha instalado el Gobierno autonómico. “Es puro marketing”, ha reprochado Vázquez, mientras las oficinas de vivienda están “desmanteladas” en las provincias.
El portavoz socialista ha instado a la Junta a reconsiderar estas políticas y adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a viviendas asequibles en Castilla y León, aprovechando los fondos disponibles de manera más efectiva y colaborativa con el Gobierno de España, y ha pedido que se apueste por una política de vivienda “agresiva” y “ambiciosa” que ayude a fijar población.
Una oficina también del Ayuntamiento de Valladolid
El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, también llevaba en su programa electoral crear una “oficina de apoyo y asesoramiento” para los propietarios que sufran ocupaciones. “Haremos de Valladolid una ciudad más segura”, se comprometía en campaña Carnero.
La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo (VIVA) de Valladolid gestionaba este tipo de casos en el anterior mandato. Un trabajador resolvía dudas y atendía a las personas que lo requerían, según informan desde la oposición. En todo 2023, VIVA ha interpuesto cinco denuncias por ocupación ilegal en varios puntos de la ciudad, según informa a este diario el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, que asegura que “afortunadamente” este tipo de incidentes son “poco frecuentes”. “En estos momentos solo nos consta la ocupación de dos viviendas en la calle Oración y la avenida de Segovia”, manifiesta.