PP y Vox se niegan a cumplir los acuerdos con sindicatos y patronal que firmó Alfonso Fernández Mañueco en 2021, según han informado UGT, CCOO y CEOE tras la primera reunión del Diálogo Social con el nuevo gobierno de Castilla y León, que se ha dilatado durante casi tres horas. Ya al final de la reunión, el presidente autonómico ha decidido que mañana martes las consejerías convocarán las comisiones de seguimiento del Diálogo Social, donde se les dirá si se ejecuta el acuerdo ya firmado o si se rechaza y reclaman una nueva negociación.
Sindicatos y patronal barajan acudir a los tribunales para hacer cumplir los acuerdos. El consejero de Empleo de Vox, Mariano Veganzones, ha propuesto una renegociación de los acuerdos que ya estaban firmados y presupuestados para 2022. Sindicatos y patronal han mostrado su decepción tras la cita, su intención de seguir trabajando con la Junta.
Empleo es la cartera que más presupuesto negocia en el Diálogo Social: el Plan Anual de Empleo (Paecyl) está presupuestado en casi 300 millones de euros en políticas activas de empleo, pero también está en activo la Estrategia de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud y el Acuerdo de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, según los sindicatos. “Posiblemente con las otras consejerías no haya problemas pero nadie nos ha garantizado que no haya problemas”, ha apostillado el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano.
El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha reprochado que se han encontrado a “un muro infranqueable ante argumentos sólidos y consistentes por la parte trabajadora y empresarial” en un día “que hay que borrar del calendario”.
El líder de UGT ha explicado que estos acuerdos, “ya negociados, firmados y presupuestados”, no solo afectan a las consejerías de Vox, sino también a las del PP como Familia, Educación, Hacienda, Presidencia y la anterior consejería de Fomento –que ahora está dividido en dos–.
“Para Vox, prima más los acuerdos de gobierno PP-Vox que los del Diálogo Social”, ha reprochado el líder de UGT, que además ha acusado al consejero de Empleo de no haber convocado a las comisiones de seguimiento “saltarse” la comisión a través de decretos. El secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, ha explicado que el gobierno autonómico ha cuestionado todos los acuerdos “desde el punto de vista técnico y jurídico para decir que no lo cumplirán”.
“Esto no se construyó de la noche a la mañana y no se destruirá de la noche a la mañana”, ha contrapuesto Vicente Andrés, que ha opinado que la parte mayoritaria de la Junta (PP) sí cree en el Diálogo Social y otra (Vox), no, y ha barajado que la parte 'popular' cumpla los acuerdos y no la de Vox. “¿Eso hay gobierno que lo resista? Parece que no estaba demasiado preocupado el PP”, se ha preguntado.
Mañueco llevaba más de seis meses sin reunirse oficialmente con los agentes sociales, que dieron por restaurado el Diálogo Social tras la ruptura de Mañueco con Ciudadanos, que había vivido momentos de mucha tensión con sindicatos y patronal.
En la reunión han estado presentes, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, el secretario general autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, y el presidente de CEOE, Santiago Aparicio.
La Junta asegura que 9 de los 18 acuerdos no están en vigor
El consejero de Empleo de Vox ha citado en varias ocasiones a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público —una norma estatal— para justificar que no todos los acuerdos del Diálogo Social estaban en vigor, como el Serla, el acuerdo por la calidad del empleo en la contratación de la Junta de Castilla y León o acuerdos en materia de vivienda, entre otros.
El artículo 49 al que se ha referido Veganzones fija que los convenios no pueden superar los cuatro años “salvo que normativamente se prevea un plazo superior” y que pueden ser prorrogados por otros cuatro años. Y la disposición adicional octava obliga a la adaptación de todos los convenios suscritos por cualquier Administración Pública a adaptarse en un plazo de tres años.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha descargado la responsabilidad en unos “informes técnicos” que decidirán cuáles de los cien acuerdos que ha firmado el gobierno desde 2001 siguen en vigor y cuáles no. Los sindicatos y patronal hablan de 18 acuerdos, no de cien.
Nada del recorte de los 20 millones de euros
En la reunión no se abordado el recorte de los veinte millones de euros anunciado por Vox, una cantidad en la que insiste el consejero de Empleo, aunque ha asegurado: “No es un recorte, es destinar un presupuesto a políticas más eficaces”. Cuando se anunció el recorte por parte de la Consejería, en plena campaña electoral en Andalucía Vox tuiteaba: “Vox confirma el recorte de subvenciones en más de veinte millones a sindicatos y patronal”.
Además, el presidente de la patronal, que se ha mostrado muy duro con el gobierno autonómico, ha suavizado la cantidad del recorte. “Son 13 millones de euros de los cuales son finalistas el 80% para diferentes programas. Los 20 millones no es la realidad, es una cifra que no sé de dónde se la han sacado porque lo que nos llega son 13 millones de euros para diferentes programas”, ha zanjado Santiago Aparicio, que ha lamentado la “enorme incertidumbre” que tiene “a la puerta” a empresas que quieren invertir en Castilla y León.
Más de un mes de tensión
La reunión estaba prevista para el 29 de junio, pero tuvo que ser aplazada porque el presidente autonómico dio positivo en COVID. Sindicatos y patronal han mostrado durante este mes su preocupación por el futuro del Diálogo Social. Hace unas semanas, el secretario de CCOO calificaba esta conversación como “una de las más difíciles de todos los años”.
A principios de junio, Vox anunciaba un recorte de la mitad de las subvenciones que reciben los agentes sociales para el diálogo social, la prevención de riesgos laborales, la orientación profesional y el autoempleo, que el consejero Veganzones cifraba en 20 millones de euros y del que no se había informado previamente a ninguno de los agentes sociales.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), dejaba en manos de Vox el recorte y no terminaba de concretar si el recorte era una decisión negociable. Diez días después, Vox reculaba: el recorte iba a ser, como mucho, de esos veinte millones, pero no sabían siquiera cuánta cantidad sería la recortada.
Las discrepancias de PP y Vox en el recorte a sindicatos y patronal quedaron en evidencia en las Cortes cuando el Partido Popular dio un 'sí' a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE que recogía un reconocimiento de la trayectoria del Diálogo Social, su marco jurídico actual y el “acierto” en su práctica institucional, “evitando ataques derivados de posiciones ideológicas extremas que atentan contra la estabilidad del Diálogo Social”.