El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suscrito, a propuesta del presidente, José Luis Concepción, el comunicado de rechazo emitido por las cuatro asociaciones judiciales respecto de las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias producto del documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura.
La Sala de Gobierno está integrada por 28 miembros y tiene carácter representativo, ya que la mitad de ellos son elegidos democráticamente por los jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma. La otra mitad son natos: el presidente del TSJ los cuatro presidentes de Sala y los nueve presidentes de las Audiencias Provinciales. Fuentes del TSJ ha precisado a elDiario.es que todos los integrantes, a excepción de uno que no ha contestado a la carta que se le remitió, han apoyado la suscripción al comunicado.
“Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, dice el comunicado de las asociaciones judiciales.