El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) se encuentra en una “quiebra financiera y técnica” que impedirá ofrecer su servicio de mediación en los conflictos individuales entre trabajadores y empresas a partir de la semana que viene, al no disponer de fondos “ni para pagar el envío de las citaciones”, ha denunciado el sindicato UGT.
Como ha explicado este jueves en rueda de prensa el patrono de la fundación Serla y secretario de Acción Sindical de UGT-CYL, Raúl Santa Eufemia, la Junta está “asfixiado” este servicio de mediación al no financiarlo adecuadamente y haber reducido a la mitad su aportación en los dos últimos ejercicios, del millón de euros a los 400.000.
Sin embargo, este montante de menos de medio millón de euros, como ha explicado Santa Eufemia, solo está dedicado a la resolución de los conflictos colectivos y no a los individuales, que se prestan solo en la provincia de Valladolid, y que el año pasado atendieron más de 5.000 citas con una tasa de éxito de más del 60%.
Además de estos 400.000 euros, desde UGT han explicado que la Junta ha ido haciendo en estos dos años aportaciones “ínfimas” de 40.000 euros destinadas únicamente al pago de nóminas de los trabajadores del Serla, cuyo director lleva “seis meses sin cobrar”, a pesar de ser un alto mando de la Junta.
Es esta una situación de “quiebra” que ha llevado al Serla a no disponer de fondos “ni para pagar la luz, la calefacción o el papel higiénico” de su sede, en una situación que el sindicato responsabiliza a la Junta de Castilla y León, tanto a Vox como al PP.
Concretamente, desde el sindicato han acusado a Vox y a su consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de emprender una cruzada contra los sindicatos a través del Serla; mientras que, al ala del PP, le han criticado que no sea clara sobre qué esperan de este servicio.
“Que diga hoy mismo si quieren cerrar el Serla”, ha interpelado Santa Eufemia al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha hecho aportaciones puntuales desde su Consejería para “salvar el servicio” porque “sabe que es un derecho de los trabajadores”.
Como ejemplo de servicio, los mediadores del UGT dentro del Serla han explicado en la rueda de prensa que los conflictos por las indemnizaciones por despido suelen ser las más habituales y han alertado sobre cómo afectará el fin de este servicio: “¿Qué trabajador que cobre mil euros se va a gastar dinero en que un abogado le tramite el cobro de un finiquito bajo?”, se han preguntado.
Aplicar el 155
Ante esta situación de “colapso” del Serla en su apartado de conflictos individuales, el sindicato UGT ha demandado al Gobierno de España y al Ministerio de Trabajo que tome “cartas en el asunto” y aplique a la Comunidad un “155”, es decir, que asuma las competencias autonómicas en esta materia para no dejar morir al servicio de relaciones laborales.
“El Estado debe monitorizar y coger las riendas del servicio de mediación”, ha expresado Santa Eufemia, que ha lamentado cómo desde la Comunidad luego hay lamentos de que las empresas se deslocalizan pero, por otro lado, se busca cerrar un servicio que “funciona” y aporta “estabilidad” en las relaciones entre los trabajadores y las empresas.