“No lo conocía” y “no me consta” son las frases que más han resonado esta mañana en la primera sesión del juicio por el ‘Caso PGOU’, que investiga la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en 2004 en favor de determinados promotores urbanísticos. La modificación del plan se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento, pero cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, había más de 80 artículos manipulados. El principal imputado en el proceso, el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 2003 y 2007, José Antonio García de Coca, ha negado su participación en estas modificaciones y ha responsabilizado a un arquitecto fallecido en 2006, Carlos Cándido Fraile Casares.
Una línea que han seguido el resto de investigados en el caso, que lleva diez años de instrucción: el arquitecto de Políticas Urbanísticas, Luis Álvarez Aller; el exjefe de área, Modesto Mezquita, y el que fue jefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo. Todos han negado participar directamente en las modificaciones del proyecto y han señalado al arquitecto fallecido, que trabajó como interino en el consistorio durante un tiempo hasta que fue contratado para continuar con el desarrollo del proyecto, encargado de elaborar el texto refundido que solicitaba la Consejería de Fomento —entonces dirigida por el exalcalde de León Antonio Silván, que tendrá que declarar como testigo— para subsanar los errores detectados inicialmente.
Además, los cuatro encausados (por falsedad en documento oficial, prevaricación y un delito sobre el patrimonio) se han negado a responder a la acusación popular liderada por la Federación de Vecinos ‘Antonio Machado', aunque sí han atendido a las preguntas de la Fiscalía, que pide para ellos condenas de cuatro años de prisión para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros, además de la inhabilitación del exedil durante 43 años y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional. El Ministerio Fiscal también reclama cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación para el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.
El exedil de Urbanismo ha negado conocer anteriormente a Fraile Casares y tener “lazos afectivos” con él pero que ha asegurado que sí se fiaba “respecto a los resultados de su trabajo”. Para García de Coca, el arquitecto fallecido “tenía un nivel de experiencia y conocimientos importantísimo” que le avalaban y por eso fue él quien tramitó todo el documento y quien tenía acceso al sistema informático, un permiso que el propio concejal no tenía, según ha señalado: “Mi ordenador estaba capado y no tenía acceso a los documentos de la intranet”.
García de Coca, concejal de Urbanismo durante un mandato de Francisco Javier León de la Riva —que declarará como testigo la próxima semana como testigo— ha insistido en que él mantuvo el equipo responsable del PGOU y que no rebajó “ni orilló” a ninguno de los técnicos. También ha defendido que los concejales socialistas —entonces en la oposición— tenían acceso a toda la documentación, en papel y en formato digital (un CD). “No se ocultó conocimiento alguno a los concejales”, ha remachado el exedil, a quien el magistrado tuvo que llamar la atención por sus réplicas a la fiscal.
El que fue arquitecto de Políticas Urbanísticas, Luis Álvarez Aller, ha negado cualquier tipo de relación con los empresarios y sus compañías presuntamente beneficiadas por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana. El arquitecto ha insistido en que siguió las instrucciones de la asesoría jurídica cuando recomendó eliminar algunos artículos del PGOU y ha subrayado la dificultad del proyecto: “Cuando llegué al área de Urbanismo, la complejidad era tal que no entendía absolutamente nada. No analicé el contenido de cada uno de los informes técnicos, escapaba a mi conocimiento”.
El exjefe del área de Urbanismo, Modesto Mezquita, ha negado que él propusiera a García de Coca como concejal cuando entró en el Ayuntamiento y ha remachado que él no recibió instrucciones de ningún edil para beneficiar a unas u otras empresas. El exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo, ha desmentido que él participara siquiera en la redacción del PGOU en 2003, que fue publicado en febrero de 2004. Cerezo, que trabajaba en el Ayuntamiento de Valladolid desde 1991, ha asegurado ante el Tribunal que ninguna empresa se dirigió a él y que no recibió “indicaciones sobre cómo tenían que hacer los informes”.
El juicio por la supuesta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana continuará durante las próximas dos semanas después de en septiembre de 2018 se tuviera que suspender el proceso por las alegaciones de 10 de los 14 encausados inicialmente, que consideraban que los delitos habían prescrito. El Tribunal excluyó de la causa a los diez constructores y promotores investigados, pero mantuvo en el banquillo a la cúpula de Urbanismo.