La previsión inicial era que el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco se desarrollase este viernes, 25 de marzo, o el próximo lunes 28, antes de que el PP celebre el congreso extraordinario que aupará a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido, librándole, aparentemente, de la responsabilidad de haber metido a la extrema derecha en un Gobierno autonómico. Pero las citas han caducado: ni se ha convocado la Junta de Portavoces con las 48 horas de antelación preceptivas, ni el propio pleno, que requiere de otros dos días previos al emplazamiento. No es por falta de tiempo y sí por falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox.
El partido de Santiago Abascal ya ha tomado la medida a Mañueco, que acabará dando lo que le pidan pese a las reticencias iniciales. El pacto para el Gobierno de coalición se cerró el pasado 10 de marzo, momento en que se constituyeron las Cortes que el PP pretendía seguir dirigiendo y que ahora están en manos de Vox. Se cerró con el compromiso de dar a la extrema derecha la vicepresidencia de la Junta y tres de las diez consejerías del Gobierno autonómico. El acuerdo se cerró con tanta premura, 10 minutos antes de constituirse el Parlamento y bajo la amenaza de dejar a Mañueco compuesto y sin investir si Vox no se quedaba con la cámara, que no solo adolecía de falta de concreción, tampoco deja claro, más allá del reparto, qué consejerías asume cada partido.
García-Gallardo, vicepresidente sin cartera y sin experiencia política
El candidato de Vox, Juan García-Gallardo, anunció entonces que asumiría la vicepresidencia y afirmó con vehemencia que no quería cartera, añadiendo irónicamente que bastante tendría si no le robaban la suya, y muchísimo menos la portavocía del Gobierno. Pero pasados los días, cambiaron las impresiones y sobre todo, la proyección. García-Gallardo se convertiría en el primer vicepresidente de Castilla y León sin peso político propio, en un jarrón chino sin otra dedicación que informar a Abascal, que es quien ha llevado las negociaciones mientras García-Gallardo salía en la foto. Sin recorrido político, García-Gallardo se afilió a Vox el pasado verano, y con escasa experiencia laboral, ya que regenta un despacho de abogados que le montó su padre en Madrid, el futuro vicepresidente busca con qué entretenerse y marcar su impronta, y la Dirección General de Comunicación es uno de sus objetivos. Eso sí, quedaría fuera de su alcance la llamada 'chequera mediática' de la publicidad institucional que García-Gallardo pretende reducir, porque uno de sus caballos de batalla son los medios de comunicación. La publicidad no es una competencia de Comunicación, hace años dependía de la Consejería de la Presidencia, pero desde 2019 es una atribución directa del presidente de la Junta y es difícil, aunque no imposible, que Mañueco ceda tanto, al menos no a la primera.
Respecto a las consejerías, aunque desde las filas de Vox apuntan a que han pedido Agricultura, Fomento y Cultura, los de Abascal no quieren soltar la presa de Familia, donde podrían no solo eliminar la Dirección General de la Mujer, sino acceder a datos de ayudas y subvenciones a personas en riesgo de exclusión, como menores no acompañados, o de lo que ellos denominan “chiringuitos feministas”. Lo que se negocia es dejar a Vox la Consejería de Agricultura con el compromiso de que no toquen puestos relevantes ocupados por el PP a cambio de colocar a personas de Vox en Familia, llegando incluso a ceder la Gerencia.
Vox ficha a exfontaneros del PP y a personas sin vínculos con Castilla y León
A favor del PP está el hecho de que Vox no cuenta con personas experimentadas a las que colocar y ya ha dado muestra de ello: el presidente del Parlamento es Carlos Pollán, un empresario conocido en León por estar al frente del equipo enseña de la ciudad, el Ademar, que quebró bajo su mandato. Su experiencia política se reduce a una candidatura a la alcaldía de un pueblo en 2019. Como jefe de gabinete, Abascal le ha colocado a José Antonio Maté, un histórico fontanero del PP que estuvo a las órdenes de Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y del entonces alcalde de León, Antonio Silván, cuando se enfrentó a Mañueco en las primarias de 2017. Pero además, el martes se conoció el nombramiento de Emilio Daniel Villarreal como “jefe de Estudios y Documentación de las Cortes de Castilla y León”, tras el cese de María Hernández Herrarte, asesora de ese servicio cuando presidía Ciudadanos. Vox no solo añade la coletilla de “jefe”, sino que coloca a un valenciano, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, con una experiencia laboral desconocida, aunque ha escrito artículos para la Fundación Disenso, el think tank de Vox, o para la La Gaceta. El currículum de Villarreal ha desparecido, una medida aparentemente preventiva, ya que fuentes académicas lo han definido como un alumno “brillante”. Su tarea no pasará de redactar discursos para Pollán.
Mientras se dirimen la distribución y atribuciones del nuevo Gobierno, el plazo corre en contra de Mañueco, que pretende irrumpir en el congreso del PP como presidente. De ello se vale Vox para cobrarse las piezas que quiere. Mañueco no será presidente antes del 31 de marzo, primera fecha límite para la investidura, que según el reglamento tiene que producirse en los primeros 15 días tras la constitución de las Cortes, eso si tiene suerte y Vox decide no apurar los dos meses de plazo para que el presidente del Parlamento lo proponga como candidato. Si se llega a los dos meses (31 de mayo) sin presidente, algo poco probable, Castilla y León estaría abocada a una nueva convocatoria electoral.