Las principales organizaciones ecologistas del país rechazan los argumentos de Berkeley para abrir la mina de uranio de Retortillo

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de La Tierra alertan sobre la argumentación que la multinacional australiana Berkeley defiende para llevar a cabo la apertura de la mina, aduciendo un aumento de la inversión económica y creación de puestos de trabajo, y piden en su lugar fomentar empleos “estables, duraderos y sostenibles en la zona” y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.

Las cinco organizaciones reiteran que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud que son inaceptables. “La multinacional emplea argumentos de inversión económica como una oportunidad de futuro, vulnerando la seguridad, la salud y un futuro para los habitantes de la zona”, critican.

Asimismo, recuerdan que, desde un principio, la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local. Así, el proyecto obtuvo “inexplicablemente” una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 8 de octubre de 2013) pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos.

Hace unas semanas, el Consejo de Seguridad Nuclear denunció presiones de la Junta de Castilla y León y de Berkeley para autorizar la que sería la única mina a cielo abierto de la Unión Europea. En concreto, fue el entonces director de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien envió una carta al CSN que su presidente considera contenía “solicitudes e insinuaciones impropias”. Estas asociaciones rechazan las amenazas de emprender acciones judiciales si el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la minería de uranio en el país.

Impacto en el medio

Las organizaciones señalan que, hasta el momento, la empresa ha destrozado 40 hectáreas de arbolado y ha enfrentado a la población local. Las entidades ambientales recuerdan que lo único que posee la empresa son unas pequeñas instalaciones prefabricadas que rompen la belleza paisajística del entorno del río Yeltes, espacio incluido en la Red Natura 2000 al ser considerado una Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Ante lo que consideran una “nueva jugada” de la multinacional para argumentar el desarrollo del proyecto, las ONG ambientales ponen de manifiesto que la única salida viable a medio plazo de la actual crisis social, ambiental y económica “pasa por tomar medidas valientes y de forma urgente, que se ajusten a los objetivos de reducción de emisiones y descarbonización y a las estrategias para mejorar la biodiversidad y reducir la contaminación. Y todo ello, en el marco de una transición justa, que no deje a nadie atrás”.

Las OG creen que lejos de promover el desarrollo sostenible y la creación de empleo de calidad, este proyecto minero pondría en riesgo la economía y la salud local, acabando de forma inmediata con actividades tradicionales como la ganadería de vacuno o el turismo rural y termal que hay en la zona.