En julio de 2023 la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos se enteró de que no podría instalar un memorial en la fosa común de Estépar, en la que durante años se ha excavado en cuatro de las –al menos– catorce fosas comunes que se estima que hay. De las 330 personas que se cree que fueron fusiladas en Estépar, solo se han localizado los restos de 96 víctimas, la mayoría procedentes de la cárcel de Burgos en distintas sacas que se sucedieron entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre de 1936.
Fue una de las primeras decisiones que tomó el Ayuntamiento de Burgos que compone un gobierno de coalición de PP y Vox: recortes a la Memoria Histórica bajo el pretexto de que se atendían a unas alegaciones al Presupuesto de 2023 de una exconcejala no adscrita y se determinaba que los 15.000 euros para el memorial no eran “prioritarios”. Para el 2024, el equipo de gobierno tampoco ha incluido esta partida en sus cuentas, según ha confirmado el Ayuntamiento a este diario.
La Coordinadora asegura que no ha tenido contacto con el gobierno municipal que componen PP y Vox en Burgos. “Se han cerrado completamente. Ya nos apañaremos. Queremos declararlo 'Lugar de Memoria'. Lo haremos, no sé cuándo pero lo haremos”, explica a este periódico la portavoz de la asociación, Sol Benito.
Solo se han recuperado casi un tercio de los restos
La organización memorialista quería colocar un memorial con los nombres de las personas que fueron fusiladas en el Monte de Estépar, un lugar en el que además se han podido recuperar solo un tercio de los restos porque diez de las fosas desaparecieron porque algunas empresas extrajeron arena y grava en la zona en los años 60 y 80 respectivamente.
El alcalde de Estépar, Jaime Martínez González, explica a este medio que el Consistorio se encarga del mantenimiento de la zona y que está a disposición de la Coordinadora para realizar algún tipo de memorial. “El Ayuntamiento aportará lo que pueda. Tenemos intención de hacer algo en cuanto podamos, pero no hay nada fijado”, afirma, a pesar de que reconoce que la capacidad económica del Ayuntamiento de Estépar (636 habitantes) no se puede comparar con la de la capital burgalesa.
La Ley de Memoria Democrática contempla la figura de 'Lugar de Memoria': un espacio en el que se desarrollaron hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. Los lugares de memoria tienen una función “conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”. “Queremos que se sepa lo que pasó; que ese sitio se respete y sea intocable”, afirma Sol Benito, que reconoce que es una cuestión “bastante compleja” para una asociación memorialista compuesta por voluntarios y que sigue realizando pequeñas exhumaciones en toda la provincia.
El periplo hasta conseguir localizar los restos de 96 víctimas e identificar a siete personas se remonta oficialmente a 2012: no había protocolos fijados –la Junta de Castilla y León entendió que no era necesario un permiso arqueológico– ni financiación pública. A través del micromecenazgo se consiguieron los fondos necesarios para cubrir los gastos de logística, porque el trabajo no fue remunerado. Además, la Coordinadora de Memoria Histórica envió dos escritos al Juzgado de Instrucción de Burgos para informarle de la exhumación de restos óseos humanos con evidencias de muerte violenta y éste archivó el caso.
Las exhumaciones se terminaron en 2015 y en 2017 se re–inhumaron los restos no identificados y se hizo un homenaje.
De los 96 restos de víctimas encontrados, solo se han identificado a siete personas, aunque existen registros de las 'sacas': casos en los que los presos iban a ser liberados o trasladados a otro centro penitenciario, pero realmente se les llevaba al Monte de Estépar. “Un retén de soldados subían a medianoche a los presos –supuestamente excarcelados– a vehículos que conducían rumbo al Monte de Estépar donde, en unos casos, ascendían hasta su cumbre y, en otros, lo atravesaban hasta llegar al otro lado del promontorio. Ambos lugares fueron los elegidos de antemano para perpetrar tales ejecuciones y enterrar los cuerpos de las víctimas en fosas comunes. La descarga de fusilería se hizo allí mismo, a pie de fosa, por parte de los mismos soldados que les habían custodiado desde el penal”, explica la investigación Exhumando la represión franquista en el Monte de Estépar (Burgos). De una Arqueología del exterminio a una Antropología de la ausencia, de Juan Montero Gutiérrez, Ignacio Fernández de Mata y Lourdes Herraste Erlogorri.
Las víctimas
La mayoría de las víctimas eran obreros, operarios, mecánicos, ferroviarios, albañiles, jornaleros, funcionarios de Abascos, Correos y Telégrafos, maestros, comerciantes, industriales, médicos y periodistas. Todos ellos habían simpatizado, de una u otra forma, con la República: estaban afiliados a partidos políticos o sindicatos afines a la coalición de izquierdas del frente Popular. Había seis alcaldes y una docena de concejales.
Entre las víctimas, los investigadores destacan un “nutrido” grupo de militantes del PSOE, incluidos Máximo Asenjo Areizga (compromisario por Burgos del Frente Popular), Luis Díez Pérez (concejal y diputado provincial por Burgos) o Luis Labín Hidalgo, entre otros. Entre los fusilados también están el gobernados civil, Julián Fagoaga Reus, el máximo responsable del Partido Comunista en Burgos, Carlos Abad Bernal, más de medio centenar de sindicalistas de UGT y una veintena de la CNT.
También había más de una decena de maestros que fueron fusilados en el Monte de Estépar y otros tantos masones como Julián Peñalver Hortelano, que fundó una logia masona y dirigió la Prisión Central de Burgos, además de figuras como el presidente de Socorro Rojo Internacional (Pedro Luis Llosas García) o el teniente coronel Arturo Herrero Company.
El musicólogo e intelectual Antonio José Martínez Palacios también está entre los muertos de Estépar. Compositor y director del Orfeón Burgalés, en 1932 recibió el Premio Nacional de Música –un año antes que Agapito Marazuela, que fue encarcelado también–. Participaba en el Ateneo Republicano y abogaba por el régimen republicano, aunque no estuviera afiliado a ninguna formación. La sublevación fue el 19 de julio en Burgos, cuando los falangistas se presentaron esa tarde por su casa para arrestarlo, pero él se ocultó. Cuando volvieron a por él el 6 de agosto, fue prendido en la calle. Dos días después, fue 'liberado' –fusilado–.
También fueron fusilados presos comunes que estaban en el penal de Burgos por hurtos, robos con fuerza, asaltos a entidades bancarias, agresiones o amenazas. Muchos cumplían pena antes del golpe militar de julio de 1936, como Claudio Egaña Otamendi –un atleta que años después de conseguir un campeonato nacional entró en prisión por robo y tenencia de armas– o Lázaro Artacho Ubago y Miguel Santamaría Gómez –condenados por amordazar a varias personas para robarles dinero, joyas y relojes durante las fiestas de Logroño de 1934–.
La fosa del cementerio de Burgos, sin excavar
La fosa del cementerio de Burgos también está sin excavar. En abril de 2023 se homenajeó a todas las víctimas que habían sido enterradas en la fosa común grande –que sigue sin exhumarse– y en enterramientos más pequeños –donde sí se ha localizado los restos–. En la fosa común, la CRMH calcula que puede haber restos óseos de más de 500 personas que fueron víctimas mortales de la represión.
Este 2024 la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica cumple veinte años, pero sigue buscando y exhumando los restos de víctimas. En abril está previsto re-inhumar los restos de tres personas que no han sido identificados de las cinco víctimas que se localizaron. En mayo la Coordinadora quiere trabajar por encontrar de una a tres personas en el cementerio de Citores y en agosto irán a Villela, donde ya intentaron localizar una fosa en 2022.