Cáritas Burgos ha decidido no suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes mientras no se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto del Consistorio para 2025 a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, que quedaron excluidas a petición de Vox en la negociación para sacar adelante las cuentas del próximo año. Este martes, el Partido Popular municipal ha indicado que su partido “no habría eliminado estas ayudas si hubiera gobernado en solitario” pero al estar en coalición “cada uno ha incluido o ha eliminado partidas en lo que considera relevante o prioritaria dentro de su proyecto político”.
Cáritas, que renunciaría a los 19.000 euros del acuerdo, ha informado este lunes a través de un comunicado de su decisióntras la reunión mantenida este lunes entre las tres organizaciones afectadas y la propia Cáritas con la alcaldesa, Cristina Ayala, el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros.
El delegado diocesano, Mario Vivanco, ha manifestado que la labor que realizan las entidades que atienden a personas migrantes vulnerables “es indispensable” y ha manifestado su apoyo específico a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, con quien Cáritas trabaja “de forma habitual”.
Para Cáritas, la acogida, promoción y protección de los migrantes “contribuye a una sociedad más justa y fraterna” y asegura que, siguiendo los principios evangélicos que guían su actuación, atiende “por igual a todas las personas necesitadas”.
Las ONG defienden el aval de los técnicos municipales
Nuria Revilla, de Burgos Acoge, quien ha ejercido de portavoz de las tres ONG afectadas, ha calificado de medida “drástica para la ciudad, para los servicios sociales municipales” y ha defendido que los datos de los informes técnicos municipales “corroboran el trabajo que hacen estas entidades”.
Asimismo, ha recordado que se trata de una cantidad total de 190.000 euros, y ha insistido en que estas organizaciones han atendido en 2023 “a más de 7.000 personas en la ciudad”, por lo que ha “apelado a la corresponsabilidad”,y “al entendiendo” ya que son tres “entidades especializadas en atender a la población burgalesa migrantes”. “Son personas que están en nuestros centros educativos, que están en nuestras empresas, que son nuestros vecinos y vecinas”, ha recordado.
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha prometido “seguir hablando” y ha reiterado que se trata de un gobierno en coalición lo que supone que se tienen que negociar las partidas del presupuesto municipal para 2025, mientras que las organizaciones afectadas esperan “que se revierta esta medida. Que se retire”.
Una decisión “totalmente contraria a la responsabilidad”
Consideran que la decisión del equipo de Gobierno es “totalmente contraria al sentido de la responsabilidad”, como ha aseverado Nuria Revilla, quien ha insistido en que “no todo vale, no se puede negociar con todo, hay unos mínimos” y por ello ha defendido la necesidad de “mantener la puerta abierta” para poder revertir esta medida.
Nuria Revilla ha explicado que la retirada del convenio “afecta de manera importante” y ha indicado que en la reunión se ha explicado que “cada euro que reciben” estas entidades lo multiplican por cien, “una tarea, la de las organizaciones que no pueden hacer los servicios sociales públicos”.
“Ellos informan, orientan, pero no tramitan los permisos de residencia y trabajo, las solicitudes de nacionalidad, los permisos comunitarios, las peticiones de las empresas cuando quieren contratar a un trabajador y no orientan sobre la asistencia sanitaria”, ha apuntado Revilla, quien cree que se puede producir “un colapso en los servicios sociales municipales porque son personas que tienen que ser atendidas”.
Por su parte, los trabajadores sociales del ayuntamiento han solicitado una reunión para valorar las “implicaciones que tenga en su trabajo diario la eliminación de estos convenios”, según ha apuntado Ballesteros, mientras que Martínez- Acitores ha indicado que la decisión no se modificará y las cuentas de 2025 se aprobarán de manera provisional en el Pleno de noviembre.
Tudanca califica de “espeluznante” que el PP haya aceptado la propuesta de Vox
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha calificado de “espeluznante” que el PP haya aceptado la propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Burgos para retirar las subvenciones a ONG que atienden a migrantes en la capital burgalesa.
Tudanca ha criticado que el PP sea capaz de aceptar la petición de su socio de gobierno, vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales de 2025, para conservar la Alcaldía en Burgos, ha afirmado en el acto de presentación del 50 aniversario de la refundación del PSOE burgalés.
“Son capaces de vender el sillón de la Alcaldía a cambio de derechos fundamentales, que deben estar muy por encima del dinero y del sillón de la alcaldía”, ha afirmado Tudanca, quien ha lamentado que “a veces -PP y Vox- se parecen tanto que no se les distingue”.
El socialista ha aprovechado el acto de Burgos para volver a tender la mano al PP en Castilla y León, a fin de poder llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2025, si bien ha insistido en que Alfonso Fernández Mañueco tiene que presentar el borrador y demostrar que “no ha ido de farol”.
Ha considerado que es necesario que los presupuestos contengan medidas en favor del acceso a una vivienda digna, la mejora de la sanidad pública, incluyendo la recuperación del Hospital Universitario de Burgos, y la gratuidad de los libros de texto y el material escolar.
Este miércoles a las 20.00 horas hay convocada en la plaza Mayor de Burgos una manifestación en apoyo a las ONG que trabajan con migrantes ,según ha compartido en sus redes el secretario general del PSOE en Castilla y León.