La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha denegado los recursos del Ayuntamiento de Aranda de Duero y de la Asociación de Hostelería ASOHAR contra el cierre del interior de los locales de restauración, aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado lunes y en vigor desde el martes 11 de mayo.
Según las resoluciones de la sala, “la medida solicitada se ampara en los intereses económicos afectados por las medidas sanitarias excepcionales y que estas persiguen la protección de la salud de toda la población, cuyo resarcimiento no es susceptible de reparación económica a diferencia de los intereses comprometidos por las medidas cuya suspensión se interesa”.
En su petición de medidas cautelares contra la norma, el Ayuntamiento y la asociación, señalaban que la decisión del ejecutivo autonómico iba a producir “importantes pérdidas en el sector de la hostelería y de otros servicios”. Además de que no existía una grave perturbación de los intereses generales ni de terceros, dado que la protección de la salud quedaba “garantizada a la luz de los datos públicos de la Administración” ya que el incremento de casos de COVID-19 en el municipio estaba vinculado a un brote en una orden religiosa de monjas de clausura.