El Ayuntamiento amplía el 'Valladolid central' a más de tres kilómetros cuadrados, según han avanzado este viernes en rueda de prensa el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez. La Zona de Bajas Emisiones que plantea ahora (3,1 km2) el Ayuntamiento afectará al doble de superficie de lo inicialmente anunciado (1,4km2), con el objetivo de que desciendan las emisiones de gases de efecto invernadero no solo en el centro, sino en toda la ciudad.
La zona estará perimetrada por Puente Mayor, calle Juana de Castilla, calle Arzobispo José Delicado, Paseo del Hospital Militar, Paseo del Arco de Ladrillo, calle Santa Fe, Paseo Farnesio, Avenida de Segovia, túnel de Labradores, calle de la Vía, calle Unión, calle Nicasio Pérez, Plaza de San Juan, calle Huelgas, calle Real De Burgos, Chancillería, calle Gondomar, calle Rondilla de Santa Teresa, calle Mirabel, Plaza de San Nicolás y Puente Mayor. En esta zona 'fronteriza' sí que se podrá circular, ha concretado la concejala de Medio Ambiente, que espera “descargar zonas de tráfico como López Gómez”.
El consistorio plantea tres fases de implantación de esta zona de bajas emisiones: a partir del segundo trimestre de 2023 solo podrán acceder los vehículos con etiqueta 0, eco, C y B; en enero de 2025 el acceso se limitará a coches con etiqueta 0, eco y C. Y en enero de 2030, solo podrán entrar los coches 0 y eco. Estos vehículos podrán circular por el centro de la ciudad sin ningún problema. El resto de coches podrán acceder al centro para estacionar en aparcamientos públicos y particulares y en otras excepciones como residentes, proveedores, transporte público, entre otros.
Según ha detallado María Sánchez, el parque circulante de vehículos de Valladolid a día de hoy es el siguiente: el 28% de los coches no tiene distintivo, el 35% tiene una B y el 28%, una C.
El Ayuntamiento se asegurará del cumplimiento de la normativa gracias a las 41 cámaras que se instalarán en la almendra central. “Las cámaras controlarán las matrículas. Además, se utilizará el sistema de reserva de aparcamiento. La tecnología estará disponible”, ha apuntado el regidor vallisoletano.
Este plan de zona de bajas emisiones ha sido sometido a información pública desde el 3 de agosto hasta el 1 de octubre, dos meses a pesar de que la Ley solo obliga a exponerlo durante un mes, algo que han destacado la concejala y el alcalde. El proyecto ha recibido unas 70 alegaciones de Administraciones, partidos políticos y asociaciones, de las que se han estimado una treintena.
El Ayuntamiento ha estimado 18 de las 25 alegaciones de la Junta de Castilla y León (1 relativa a la ZBE),1 parcialmente de las 10 alegaciones del Grupo Popular, dos de las cuales aludían a la zona de bajas emisiones. El PP defendía que no había estaciones de medición en la zona de bajas emisiones y que esta área no obedecía a criterios “objetivos”. Finalmente, el Ayuntamiento ha incluido una estación en la nueva zona.
El Grupo Ciudadanos presentó siete alegaciones (tres sobre la ZBE), de las que se han estimado dos. Ecologistas en Acción presentó 21 alegaciones, de las que se han estimado 8. Solo una de estas alegaciones hacía referencia a la ZBE, en la que proponían un nuevo calendario, un nuevo tamaño de la zona y nuevas restricciones, un planteamiento en el que coincidían la Asamblea ciclista, la Federación de asociaciones de vecinos 'Antonio Machado', La Curva y Comisiones Obreras.
“Evitar el tráfico de paso”
Según ha concretado Puente, esperan “evitar el tráfico de paso”, así que los vehículos más contaminantes podrán acceder al centro para aparcar en los aparcamientos públicos y privados, pero no en la zona ORA, donde solo podrán estacionar los vehículos permitidos en cada una de las fases. Para terminar de estructurar este plan es necesaria la elaboración de una ordenanza, que fijará la cuantía de las sanciones y que esperan aprobar en mayo o junio.
El Ayuntamiento está a la espera de conocer dónde van los fondos de resiliencia que repartirá el Gobierno de España. El consistorio, ha detallado Sánchez, ha pedido un millón y medio de euros en su proyecto, y esperan que el Gobierno se los dé, puesto que solo el 10% de los planes presentados contemplan la creación de una zona de bajas emisiones que restrinja el tráfico de vehículos, una medida que será obligatoria en los próximos años según prevé la Ley de Cambio Climático.
El equipo de gobierno ha optado por ampliar esta zona de bajas emisiones porque con el planteamiento inicial “la bajada de contaminación no era lo suficientemente significativa” y la OMS ha endurecido sus límites y recomendaciones de aire limpio desde que empezó a trabajarse en este proyecto.