El Ayuntamiento de Íscar (Valladolid) ha presentado incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Instrucción 5 para que el proceso contra el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz (PP) y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, no se siga solo por delito continuado de prevaricación sino también de malversación.
La reacción del Consistorio iscariense, personado en el procedimiento como acusación particular, se produce en respuesta al último auto del Juzgado de Instrucción 5 que, además de excluir la posibilidad de juzgar el caso por malversación y centrarlo en el de prevaricación, sobreseyó las actuaciones que se seguían contra la empresa Construcciones Mego S.A y su representante legal, Luis González Chozas.
Sin entrar en el sobreseimiento de la causa contra la empresa y su representante, el Ayuntamiento de Íscar, en su incidente de nulidad al que ha tenido acceso Europa Press, sí muestra su disconformidad con el hecho de que los tres que quedan en el banquillo solo puedan ser juzgados por delito continuado de prevaricación y no por malversación, tal y como recoge el auto de 8 de junio de Instrucción 5 por el que se acuerda la apertura de juicio oral y se acuerda no haber lugar al segundo de ellos por exceder la competencia del Procedimiento Abreviado.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Íscar recuerda que el delito principal de autos es el de prevaricación administrativa y que conectado a él, de imposible comisión sin el primero, es el delito de malversación de caudales públicos que incluía el escrito de calificación que dicha parte presentó en tiempo y forma y por el que pedía cuatro años de cárcel.
“En el caso de autos, es evidente que no podría haber malversación si no hubiera prevaricación previamente, puesto que son las decisiones injustas a sabiendas de no licitar oportunamente las modificaciones y alteraciones presupuestarias de la Plaza de Toros las que provocan el pago de cantidades no previstas inicialmente, ni aprobadas mediante el oportuno procedimiento”, advierte la acusación particular.
Así, el Consistorio de Íscar entiende que el auto de instrucción incurre en un “error claro, evidente y manifiesto” al excluir la malversación que exige sea inmediatamente rectificado, “so pena de provocar a esta parte una indefensión inconmensurable”, y que el juicio, por tanto, no se desarrolle en un Juzgado de lo Penal sino en la Audiencia de Valladolid, tribunal que entiende competente para enjuiciar estos hechos.
En caso de no ser atendida su petición, el letrado de la acusación particular advierte de que se verá obligado a invocar dicha cuestión el día del juicio en el Juzgado de lo Penal designado, “de tal modo que se pudiera provocar una declaración de nulidad que retrotraiga el proceso y lo alargue de modo innecesario”.
Inhabilitación y cárcel
Con carácter provisional, la Fiscalía de Valladolid solicita diez años de inhabilitación para el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, los dos primeros como autores de un delito de prevaricación cometida durante la construcción del Centro Multiusos y el tercero como cooperador necesario.
Por ello, la acusación pública solicita a los dos primeros investigados inhabilitación por una década para desempeño de empleo o cargo público relacionado con la administración local y al técnico municipal idéntica pena pero para empleo o cargo relacionado con la vivienda, obras y urbanismo.
Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad considera autores del delito de prevaricación no sólo al exalcalde y el exedil sino también al arquitecto municipal--les pide también diez años de inhabilitación--y a mayores imputa un delito de malversación de caudales públicos tanto a los dos primeros, en calidad de autores, como al arquitecto y solicita también condenas de cuatro años de cárcel y otros quince años de inhabilitación.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular interesa también que los investigados, como responsables directos, indemnicen al Ayuntamiento con la cantidad de 2.056.650 euros, más los intereses legales correspondientes.
Las investigaciones se remontan a la decisión del Ayuntamiento iscariense de construir un Centro Multiusos, cuya redacción fue elaborada por la sociedad Pejarbo, S.L., en enero de 2006, cuantificando la obra en 2.500.000 euros, IVA incluido, y cuya dirección correspondió al también investigado y arquitecto municipal
El pleno del Ayuntamiento de Íscar aprobó en sesión extraordinaria, el día 22 de marzo de 2006, adjudicar la ejecución de las obras a Construcciones Mego, S.A., por el precio ofertado de 2.322.250 euros, IVA incluido, siendo inferior al presupuesto de licitación, que era de 2.500.000 euros, IVA incluido, si bien las obras se dispararon finalmente a 5.150.000 euros, de los cuales casi 2,5 millones corresponden a modificados del proyecto inicial carentes de cobertura legal.
Y es que de lo investigado, las acusaciones entienden que salvo una modificación del contrato primitivo aprobada el 27 de junio de 2007, relativa a la barrera y contrabarrera del centro, presupuestada en 404.930 euros, formalizado con arreglo a la ley, desde ese momento y hasta el final del proyecto se produjeron una serie de irregularidades que se estiman constitutivas de infracción penal.