La Junta de Castilla y León ha atribuido a las circunstancias del clima que este año apenas se hayan registrado grandes incendios forestales en comparación con la campaña de 2022 y que, de los 670 incendios contabilizados en la Comunidad desde el pasado 1 de enero, cerca del 85 % de ellos se quedaran en conatos, al no alcanzar una hectárea calcinada.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado que, frente a ese porcentaje, en los últimos diez años los conatos representaron de media el 61 % de los incendios forestales registrados.
Esta campaña los incendios se han apagado pronto gracias a la rápida actuación del operativo de la Junta de Castilla y León, según ha argumentado Suárez-Quiñones, que ha atribuido esas estadísticas a que “las condiciones climáticas meteorológicas son absolutamente diferentes” este año respecto a las de la pasada campaña tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.
El responsable de Medio Ambiente del Gobierno autonómico ha considerado “razonable” la situación de incendios forestales esta campaña, aunque ha advertido de que todavía queda mucho verano y se espera una nueva ola de calor la próxima semana, por lo que ha reiterado su llamamiento a extremar la precaución y ser “muy responsables” en el uso del monte.
Respecto a las críticas sindicales por la contratación de medio centenar de nuevas cámaras de videovigilancia del monte frente a los incendios en las provincias de Zamora, Ávila y Salamanca, Suárez-Quiñones ha defendido estas “mejoras tecnológicas” porque suponen “medios auxiliares de ayuda para la detección temprana” de incendios.
Ha recordado que ya existen este tipo de cámaras en las provincias de Zamora, Soria, León y Avila y ha sostenido que esas cámaras no significan que las torres de vigilancia con personal vayan a desaparecer, como sí ha ocurrido en Cataluña.
De hecho, según ha apuntado, los trabajadores de las torretas han mejorado su calificación profesional al pasar del grupo cinco al grupo cuatro y su contratación se extenderá más tiempo y pasará progresivamente de los tres a los doce meses al año previstos a partir de 2025.
Fuera del periodo de riesgo de incendios, sus funciones serán otras que ya están “pactadas”, según ha recordado Suárez-Quiñones, que ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a ese personal porque las torretas de vigilancia seguirán en funcionamiento.