El Arzobispado de Burgos ha presentado este lunes una demanda ante el Juzgado de Briviesca para desahuciar del monasterio a las exmonjas de Belorado. En una nota de prensa la institución eclesiástica ha señalado que han tomado la decisión tras “un período prudencial de espera” y después de comprobar que no ha habido “ningún intento de reconsideración por parte de las exreligiosas”.
En el comunicado recuerdan que fue la abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado quién manifestó “su libre voluntad de abandonar la Iglesia católica”. Tras abandonar el seno de la Iglesia pasaron a la tutela de Pablo de Rojas y su 'Pía Unión Sancti Pauli Apostoli', cuyo fundador fue excomulgado en 2019, pero permanecieron encerradas en el convento de Las Clarisas de Belorado.
Tras la investigación previa canónica, y tras agotar los recursos que les invitaban a reconsiderar su salida de la Iglesia católica, el pasado 22 de junio se declaró la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las diez hermanas que se habían adherido al cisma. Como consecuencia, a partir de ese momento, dichas exreligiosas carecen de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban.
Tras esperar a que recapacitasen, el Arzobispado de Burgos ha asegurado tener el “conocimiento” que el Ministerio del Interior ha denegado la inscripción en el registro de asociaciones el intento de las “exreligiosas” de “transformar las entidades jurídicas canónicas de los monasterios en asociaciones civiles, algo que es jurídicamente inviable”, han apuntado.
Asimismo, han asegurado estar preocupados por el estado de salud y el cuidado de las cinco hermanas mayores, que conforman la comunidad monástica. Desde el Arzobispado han afirmado que están preparados “para atender cuanto antes” todas las necesidades que precisen, con la colaboración de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de sus familiares.
Por último, el comunicado concluye afirmado que la Iglesia muestra su disposición a “ayudar en el camino de retorno a la comunión eclesial, donde serían acogidas con delicadeza y misericordia, a imagen de la parábola del hijo pródigo”.
Como paso previo a la demanda para desahuciar a las exmonjas, el Arzobispado debía que contar con un informe de Vulnerabilidad emitido por el Área de Bienestar Social de la Diputación Provincia, pero cuando los trabajadores sociales de Belorado se acercaron a entrevistar a las ex religiosas, muchas de ellas se negaron a hacerlo, y renunciaron a ser examinadas para determinar su grado de vulnerabilidad y afección, informa Europa Press.
Desde la Diputación de Burgos se determinó que, al renunciar a ello, se entendía “que las ex monjas no sufren esa vulnerabilidad que se suponía” por lo que tras la presentación de la demanda de desahucio, será un juez el que determinará qué va a pasar con las ex clarisas de Belorado, que también cuentan con un gabinete jurídico que las defenderá.