Un juez acusa al presidente del TSJ de Castilla y León de pedirle que simule estar de baja para descargarse de trabajo

El juez titular del Juzgado nº4 de Ávila, Tomás Sánchez Puente, ha acusado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, de sugerirle pedirse una baja médica para sacar adelante sentencias.

En un hilo en Twitter, Sánchez Puente ha asegurado que tras informarle del problema de sobrecarga de su juzgado, Concepción le dijo: “¿Y por qué no te pides una baja médica, y aprovechas para sacar sentencias?” .

Pese a la gravedad de las palabras, Sánchez Puente ha asegurado que jueces y magistrados recurren “al fraude de la Ley laboral” como fórmula de “sortear un problema que por pereza colectiva no queremos afrontar, el de la sobrecarga de Juzgados y Tribunales, desconocido por la sociedad española”:

Según ha explicado esta cuestión ha surgido “después de múltiples escritos informando de la grave situación del Juzgado, tras haber asumido en mi fuero interno la 'sugerencia' del Presidente del TSJ de cogerme una baja 'médica' para sacar sentencias y haber llamado al Presidente de mi Audiencia Provincial para convenir el nombramiento de sustituto para el Juzgado, el CGPJ anuncia el viernes una próxima inspección extraordinaria, que supone que la LAJ y los funcionarios de mi Juzgado hayan de elaborar un alarde sin mi participación... () Así que he decidido cogerme hoy una baja, pero ya no para 'sacar sentencias' sino para cuidar ante todo mi salud psíquica, que bastante tute lleva.

Sobre posibles repercusiones, Sánchez Puente ha manifestado que al producirse por teléfono la conversación, “el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene la posibilidad de dirigir una querella contra mí por injurias, con probabilidades de ganarla”. Él y yo sabemos que fue así“, ha apostillado. Cuestionados al respecto, el TSJ de Castilla y León ha afirmado que no va haber declaraciones al respecto.

Concepción se ha visto envuelto en otras polémicas, como cuando aseguró que "la democracia de un país se pone en solfa desde que el partido comunista forma parte del Gobierno" o cuando comparó al Partido Comunista con el nazi al asegurar que “también llegó al poder por las urnas”

2 horas y 16 minutos de media para cada caso de violencia de género

La lentitud y saturación del sistema judicial también se ve en la lucha contra la violencia de género. Para Sánchez Puente “no hay juzgados exclusivos suficientes, y por tanto el tiempo dedicado en los Juzgados a cada asunto es ínfimo”. El juez cita el ejemplo de la Comunidad de Madrid, “donde en 2021 hubo 24.982 nuevas mujeres víctimas para un total de 24 Juzgados con competencia exclusiva en viogen más otros ocho Juzgados sin competencia exclusiva que contaremos como cuatro exclusivos, 24+4=28”. En total, calcula, “sale a 892 mujeres víctimas por Juzgado al año”.

Midiendo con lo que tiene que trabajar un juez, Sánchez Puente explica que de “225 días hábiles al año, 9 horas diarias de rendimiento neto, sin días de asuntos propios ni días de cursos de formación etc., en total 2050 horas”. Estas cuentas se reflejan en que, de media, cada Juez dedica a las víctimas “2 horas y 16 minutos” en los que se tiene que escuchar la declaración de la mujer, la del investigado; en su caso, exploración de los hijos menores... “Con este tiempo disponible, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad dicen que se proveen medios para luchar con la violencia de género… es de chiste”, ha aseverado.

En su exposición, el juez también ha llamado la atención de la falta de fondos que se destina a Justicia, en la que según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, en un informe de 2022, revela que “por cada 100.000 habitantes, en España hay 11,2 Jueces y 5,3 Fiscales, mientras que la media europea está en 17,6 y 11,1 respectivamente”.

Entre las quejas que han derivado a la conversación telefónica con Concepción es la enorme carga de trabajo a la que tienen que hacer frente los empleados de los juzgados. En su caso, se queja de la falta de tiempo para atender cada caso, como el que registra con la cuenta anual de los incapacitados o con Ley 8/21 de Apoyo a las Personas con Discapacidad, que ha derivado en “múltiples procesos cada 3 años” para confirmar que la persona con demencia o Alzheimer sigue la enfermedad.