La consejera de Familia de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la Proposición de Ley presentada en las Cortes por PP y Ciudadanos que permitirá la regulación del servicio de teleasistencia avanzada, su planificación, dirección y establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria. Se pretende, de esta manera, garantizar la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en toda la Comunidad.
Según ha informado la consejera, en el año 2019, las personas atendidas con este servicio en Castilla y León han sido 26.000, de las cuales 14.000 son personas que tienen reconocido algún grado de dependencia.
La teleasistencia avanzada es un “gran paso”, ha destacado Blanco, siendo Castilla y León “la primera Comunidad que la ordena y regula” y con objetivos “tan importantes” como pasar del botón de emergencia a toda una serie de aparatos para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.
Asimismo, se pretende que haya interconexión entre la historia social, clínica y hospitalaria, algo que durante la pandemia se reveló “imprescindible” porque se recibían 13.500 llamadas a la semana. “Con la toma en consideración de esta proposición se da un paso hacia la posibilidad de que las personas mayores se queden en su domicilio con la tranquilidad que eso supone para ellos”, ha incidido la consejera.
En este sentido, la Junta trabaja en la implantación de una “nueva e innovadora” plataforma, capaz de integrar la atención social y sanitaria, con el objetivo de garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.
Dicha plataforma tecnológica de atención permitirá prestar servicios más personalizados, con un modelo de datos centrado en la persona, en sus decisiones y preferencias, y en sus necesidades individuales, incorporando para ello soluciones innovadoras a través de las nuevas tecnologías.
Todo ello permitirá mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas, favorecerá la coordinación con otros servicios públicos sociales y sanitarios y permitirá detectar mejor los problemas o emergencias de los usuarios, mediante aparatos tecnológicos instalados en el domicilio como sensores de presencia, detectores de humos o de caídas.
Castilla y León ha sido la primera comunidad en regular la prestación de teleasistencia avanzada, un servicio que ha evolucionado y que hoy ofrece muchas más oportunidades de atención a personas vulnerables que residen en su domicilio, definiendo servicios integrales que aseguran la continuidad asistencial, a través de la puesta en marcha de procesos transversales focalizados en la gestión de casos, implantando modelos de atención integrales, integrados, preventivos, proactivos, personalizados y predictivos, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para complementar la atención presencial con la no presencial.
Asimismo, la Junta trabaja en la eliminación de la aportación del usuario y en prestar el servicio de forma gratuita para los usuarios, con el objetivo de que puedan beneficiarse de los servicios que ofrece esta prestación todas las personas que lo necesiten.
Además, se establecerá un contrato único que permitirá reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio de teleasistencia integrando recursos, optimizar costes al aplicar la economía de escala, consiguiéndose extender la prestación del servicio a más usuarios con costes menos elevados, la homogeneización de los contenidos del servicio de teleasistencia en todo el territorio y para todos los ciudadanos, integrar el servicio de teleasistencia con el resto de prestaciones en la historia social única de la persona y garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.