El consejero de Medio Ambiente y Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ha atribuido el auge de los pisos turísticos a la Ley estatal de Vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, a pesar de que en los últimos cinco años el número de licencias se ha duplicado.
Castilla y León empezó a regular las viviendas de uso turístico en 2017, con una norma que prevé la autorización de estos alojamientos previo informe técnico, pero no establece zonas de alta ocupación para evitar la expulsión de los vecinos del centro de las ciudades. Suárez Quiñones ha reclamado que se derogue la Ley de Vivienda y ha anunciado que se estudiarán “las tensiones que haya en materia de uso turístico”.
Hay 6.777 viviendas de uso turístico registradas en toda la Comunidad, una cifra que no incluye los 832 apartamentos turísticos que también tiene Castilla y León ni las casas rurales, que según Transparencia son más de 4.000. Según los datos publicados en el portal de Transparencia, el número de viviendas de uso turístico se ha duplicado en los últimos cinco años: en Palencia el número se ha multiplicado por cuatro y en Burgos y Soria, por tres.
El año pasado, el entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reclamó a la Junta de Castilla y León una mayor regularización de los apartamentos turísticos porque en la ciudad calculaba que había 600 pisos regularizados y otros 300 no autorizados. El Ayuntamiento de Salamanca anunció la semana pasada que trabaja en una nueva ordenanza y prevé endurecer las sanciones con multas de entre 2.000 y 50.000 euros.
El consejero ha expuesto que la Ley de Vivienda de 2023 no da “seguridad y tranquilidad” a los propietarios de las viviendas para el alquiler, por los que estos apuestan por convertirlas en pisos turísticos, según recoge EFE en declaraciones a los medios en Salamanca antes de participar en el Foro Económico organizado por el diario 'SalamancaHoy'.
La nueva Ley de Vivienda “favorece o lucha” la ocupación de las viviendas, lo que —para Suárez Quiñones— “posibilita que el propietario legítimo de la vivienda tarde en recuperar su posesión”. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda ha asegurado que las ayudas que da la Junta a los inquilinos “dan tranquilidad al propietario” porque el arrendatario debe justificar que ha pagado la renta antes de recibir la ayuda.
Por este motivo —apunta el consejero— os dueños de estas residencias opten por convertirlas en departamentos orientados al alojamiento de turistas y no a uso residencial estable y habitual, lo que sería lo correcto para consejero, y que ha resaltado que se facilita desde la Junta con, por ejemplo, a través de las políticas de ayudas al alquiler.
En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se derogue la ley y se excluyan las limitaciones que están consideradas en ella, lo que para Suárez-Quiñones son “ataques” a la propiedad de la vivienda con políticas “de intervención e inseguridad”.
El gobierno autonómico estudia medidas
También ha dicho que la Junta de Castilla y León estudia medidas para regular los pisos turísticos y se tomarán las decisiones oportunas si proceden, como ya lo anunció el consejero de Turismo, Gonzalo Santonja (Vox), que pretende adecuar la normativa a las nuevas necesidades y demandas del sector y de los intereses generales de la sociedad.
En abril, este medio se puso en contacto con el gobierno autonómico para preguntar esa misma cuestión y desde la Consejería se aseguró que la Junta de Castilla y León estaba evaluando “la problemática real” de las viviendas turísticas y las respuestas que se están dando en otros sitios para tomar la decisión “más adecuada”.