Las monjas clarisas de Belorado (Burgos) tienen abierto un expediente sancionador en materia de sanidad animal por poseer un criadero de perros sin licencia, según ha confirmado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos y ha adelantado BURGOSconecta.
El servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León abrió el expediente por tener un criadero de perros sin la preceptiva licencia de núcleo zoológico que exige una serie de medidas para garantizar el bienestar de los animales.
Según han informado a EFE fuentes del servicio, las religiosas, que saltaron a las noticias por anunciar el abandono de la Iglesia Católica, han recibido ya la notificación de la apertura del expediente, aunque el procedimiento no está cerrado y se encuentra en periodo de alegaciones. Una vez finalizado, las monjas podrían enfrentarse a una sanción económica.
Por su parte, la Guardia Civil de Burgos ha precisado que en febrero de 2023 se practicó una inspección al convento a raíz de una serie de quejas de vecinos por molestias de ladridos de perros, por la existencia de un criadero en el lugar y por la posible venta de cachorros por Internet.
En la inspección, los agentes comprobaron que el criadero carecía de la titulación de núcleo zoológico, lo que supone una irregularidad documental, por lo que se trasladó la situación a la Junta de Castilla y León.
La Guardia Civil ha aclarado en declaraciones a Europa Press que entonces no se observó “absolutamente nada” relacionado con posible maltrato animal o instalaciones indebidas, y ha asegurado que los animales se encontraban “cuidados y bien atendidos”.
Además de no contar con la licencia de Núcleo Zoológico que depende de la Junta de Castilla y León, las monjas están pendientes de la resolución definitiva de otro permiso preceptivo, en este caso de responsabilidad municipal.
El alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz, está pendiente de resolver una licencia ambiental que ha solicitado la comunidad religiosa porque el técnico municipal emitió un informe contrario, pero la decisión definitiva depende de un segundo informe que se está elaborando por técnicos del servicio de asesoramiento de la Diputación de Burgos.