La religiosas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizakai) solicitan ayuda económica o en especie a través de las redes sociales ante el “bloqueo” de las cuentas por parte del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que como comisario pontificio ha asumido su control y, según denuncian, les impide el acceso para las gestiones ordinarias.
En un nuevo mensaje a través de Instagram, de su cuenta @tehagoluz, las monjas han insistido en que Iceta les ha bloqueado el acceso “al fruto de su trabajo diario”, con la connivencia de las entidades bancarias, que “parecen haberse guiado más por la confusión mediática que por la lógica y la legalidad vigente”, han lamentado.
El control de las cuentas, que el Arzobispado de Burgos justifica en las funciones encomendadas a Iceta por la Santa Sede en cuanto comisario pontificio, a la vez que asegura que no están bloqueadas sino intervenidas, no afecta a la cuenta desde la que se realizan los pagos periódicos para las obras del monasterio de Orduña, han indicado la religiosas.
Al resto no tienen acceso desde hace varios días, lo que las imposibilita para comprar los productos básicos, como alimentos y materiales de cuidado de las más mayores, y también la materia prima para su obrador, el alimento para sus animales de granja, el pago de nóminas y el resto de pagos para mantener el monasterio.
“Don Mario, que detenta el control de las cuentas corrientes, pretende que le solicitemos a él nuestro dinero, lo que supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación”, han insistido, al tiempo que afirman que sus empleados están teniendo que acudir al Arzobispado para “reclamar por derecho lo que les pertenece”.
Una situación que ha llevado a las religiosas a pedir, en esa la red social, colaboración económica, en especie o a través de la difusión del mensaje, que incluye un número de cuenta “no usurpada” a nombre de la exabadesa.
El nombramiento de Iceta como comisario pontificio le ha otorgado plenos poderes sobre el monasterio, tanto religiosos como patrimoniales y administrativos, lo que ha llevado a asumir la tutela de las cuentas, si bien fuentes del Arzobispado insisten en que las monjas pueden solicitar lo que precisen a través de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.
Seguridad privada ante el “todo vale”
Por otra parte, la comunidad religiosa ha indicado que se plantean la necesidad de contratar los servicios de seguridad privada para “garantizar en lo posible su integridad física y la conservación del patrimonio” pues, ante el revuelo mediático generado por su caso, se ha creado un “todo vale”.
Denuncian el lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos e intrusiones en el perímetro, además de cámaras ocultas y “acoso” de los periodistas a todo el que entra y sale del recinto, un acoso que les llevó el pasado martes a llamar a la Guardia Civil.
Las monjas han vuelto a insistir en que “no entiende que una declaración pública y expresa de abandono de la Iglesia conciliar no tenga el efecto inmediato de su exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico”, en referencia al manifiesto católico y la carta que hicieron pública hace justo un mes.
Mientras, en el Arzobispado de Burgos continúan a la espera de que la notario confirme que las religiosas no han entregado una copia de las llaves del monasterio, como se les requirió el pasado jueves, y de que acudan a la convocatoria del Tribunal Eclesiástico para reafirmarse en su decisión de salir de la Iglesia, lo que conllevaría su excomunión, o retractarse.
Arzobispado afirma que solo han pedido dinero para seguridad privada
El Arzobispado de Burgos afirma no tener ninguna intención de condicionar económicamente a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizakia), a las que recuerda que pueden comunicarles las necesidades concretas que tienen igual que les comunicaron, vía correo electrónico, su intención de contratar seguridad privada, instando al Arzobispado a pagar el servicio.
En un comunicado remitido a última hora del jueves, la comisión gestora nombrada por el comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta, ha respondido a la denuncia realizada por las religiosas en Instagram, donde han pedido públicamente ayuda económica ante el “bloqueo” de sus cuentas, alegando que no disponen de recursos para los gastos ordinarios.
La comisión gestora ha recordado que, el pasado jueves, cuando se personaron en Belorado con una notario para hacerles entrega de los requerimientos -entrega de copia de llaves y llamada ante el Tribunal Eclesiástico-, se les indicó que para cuestiones económicas podían ponerse en contacto con la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.
“No han hecho uso de esta vía”, han aseverado, al tiempo que han llamado la atención sobre el hecho de que este martes, 11 de junio, recibieran del correo electrónico del monasterio una comunicación en la que las monjas indicaban que iban a contratar un servicio de seguridad privada, “para protegerse y defenderse de los ataques contra la intimidad”, y cuyo coste debería asumir el arzobispo.
“Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio”, recogía el comunicado según la información facilitada por el Arzobispado, que ha insistido en que “aquí sí reconocen -las religiosas- la autoridad del arzobispo y también se pide el pago del servicio”, aunque no indican ni a qué empresa ni en qué condiciones, han matizado.
Por ese motivo, a la comisión gestora le “llama la atención que se pida dinero para este servicio pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos”.
En el comunicado, en el que rechazan y condenan cualquier falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio, insisten en pedir que las monjas les comuniquen sus necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad, pues “hasta el momento no lo han hecho”.
Trabas por todos los medios
Igualmente, la comisión gestora apunta que “siguen a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía de diálogo”, al tiempo que han asegurado que solo “las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión cumplan con el cometido para el que han sido nombrados”.
Recuerdan que el nombramiento, realizado por la Santa Sede, ha convertido a Mario Iceta en el representan legal de los tres monasterios -Belorado, Orduña y Derio-, y que lo es a todos los efectos, tanto en el ámbito canónico como en el civil, y dentro de sus funciones está también velar por la gestión adecuada de los movimientos financieros y los bienes muebles e inmuebles.
El Arzobispado de Burgos también defiende la actuación “absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente” de las entidades bancarias, tras las críticas de las religiosas, que han cuestionado que le hayan dado el control de las cuentas a Iceta, sin la suficiente prudencia.
“Se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar, ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas”, han lamentado, y han garantizado que se trabaja para que no exista ningún problema de pago con quienes legítimamente tienen ese derecho, en cuanto a suministros, nóminas, recibos y otros cargos.
Finalmente, el Arzobispado ha confirmado que las religiosas no han realizado la entrega de la copia de las llaves de los monasterios, “como legítimamente se les requirió”, lo que consideran una muestra de “su voluntad de impedir al comisario pontificio la realización de su cometido”.EFE