Castilla y León afronta este verano sin haberse recuperado de los incendios del año pasado que arrasaron 81.716 hectáreas en toda la Comunidad, con Zamora como la provincia más castigada: el fuego se cobró la vida de cuatro personas y afectó a más de 60.000 hectáreas. Un año después, la situación del operativo de extinción de incendios difiere según a quién se pregunte.
Desde la Junta de Castilla y León defienden el gran esfuerzo realizado para reforzar el operativo dentro y fuera de la época de riesgo alto —la comunidad esta situación entró el pasado 12 de junio—. Entre las novedades que exponen se encuentran un refuerzo importante de la capacidad del operativo durante todo el año, que ha incluido, fuera de la época de riesgo alto, más efectivos, guardias de agentes medioambientales y técnicos; refuerzo de los centros provinciales y autonómicos de mando; más helicópteros en servicio; nuevos vehículos autobomba y todoterreno para agentes medioambientales y técnicos; y otras mejoras estructurales y de medios, con un despliegue máximo de recursos en la época de riesgo alto, que pasa de ser de tres meses mínimo a cuatro meses mínimo, según expuso el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación de la campaña el pasado 6 de junio.
Frente a los anuncios de la Junta, los trabajadores del operativo anti incendios no sienten que estén reforzados. Para Antonio Juárez, ingeniero de montes que forma parte del operativo de Zamora y alcalde de Tábara (PSOE), en Zamora, “no hay más medios ni más profesionalizados ni nada. Es igual que el año pasado. Después del año pasado aquí no ha pasado nada. No se aprendió absolutamente nada”.
Sus perspectivas para este verano no son nada halagüeñas: “La situación no ha mejorado mucho gracias a las lluvias. Mayo fue terriblemente seco, estaba todo que era un polvorín y gracias a lluvias de junio ha mejorado. Y afortunadamente, porque si no el operativo no hubiera respondido. Hubiera pasado lo que el año pasado, pero sin ningún tipo de duda”, reconoce.
Este 'profesional del fuego' se encuentra resignado ante la posibilidad de un nuevo verano con incendios tan peligrosos. “No hay más medios ni más profesionalizados ni nada. Es igual que el año pasado. De hecho, no está el operativo al 100%”. En el caso de Zamora, las máquinas bulldozer no se encuentran disponibles ya que estén en otros tajos.
Al norte de la Sierra de la Culebra, en León, Juan Vicente está a pie de un Charlie (camión autobomba). Su visión es más optimista. “Parece ser que por la cagada de la Junta, las cuatro muertes en Zamora y el apoyo de los periodistas las cosas han ido mejor y han ampliado los meses de trabajo”.
Eso sí, tanto él cómo sus compañeros sienten que “todo está en el aire”. En su caso, empezó a trabajar el 1 de abril tras un llamamiento extraordinario, ampliando así su contrato hasta los nueve meses. “Algunos piensan que nos van a coger para todo el año y otros no. Las cosas están mejorando”, explica.
Para él, hay mucho margen de mejora ya que, tras trabajar codo a codo con bomberos profesionales, echa de menos más preparación y cursos, además de entrenamientos y condicionamiento físico que les permita estar preparados para hacer frente a un incendio en el mejor estado de forma posible.
“El 40 % de todas las torres y de todos los camiones” no están funcionando completamente
La falta de activación del operativo preocupa a la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL). Su presidente, Esaú Escolar, calcula que en torno “al 40% de todas las torres y de todos los camiones” que no están funcionando completamente.
Según explica Escolar, la Consejería de Presidencia, que es la encargada de la relación de puestos de trabajo de personal, “no ha transformado adecuadamente los puestos”. Con la ampliación de contratos de seis, nueve, diez, incluso hasta doce meses este año de transición se han dado casos en los que trabajadores —principalmente mangueristas y conductores— con contratos de tres meses que han visto ampliado la duración del mismo se encontraban empleados en otros sitios.
“Si en mayo llamas a un conductor para que conduzca un camión de incendios y te dice: 'perdona, estoy de conductor del autobús de los niños del colegio, yo hasta junio no puedo ir, pido excedencia”; tenemos un montón de puestos, tanto puestos de vigilancia como puestos de conductores que están en otros trabajos y han pedido excedencia. Con lo cual, hay turnos de torres de vigilancia que no están. A lo mejor hay torres de vigilancia que está un turno. Entonces, hay días que están operativas y otros días que no. Lo mismo pasa con los camiones autobomba. Te puedes encontrar un camión autobomba que, para que esté operativo los siete días de la semana, tienen que estar los dos turnos funcionando, los dos conductores y los dos mangueristas, y a lo mejor, con que te falle uno de los cuatro, ya no funciona“, asegura el representante de APAMCYL.
Este problema también se suma a otros como el envejecimiento de la plantilla, con efectivos que no han podido pasar el reconocimiento médico, o personal que está de vacaciones “obligadas”, resume Escolar. Además, de que no se han activado las bolsas de empleo para hacer esas sustituciones y dar solución a estos problemas.
Críticas por la excesiva privatización del operativo
La privatización del operativo también es otro aspecto que critican los trabajadores del operativo anti incendios de Castilla y León. Desde APAMCYL critican la fórmula empleada por la Junta: “Hace 25 años dejaba muchísimo más dinero en la región que ahora. Porque entonces por lo menos los retenes eran de la Junta y eran de los resineros de las comarcas, eran de la gente de los pueblos. Y ahora hay muchísimas veces que vamos viendo que son trabajadores que solamente son temporeros del fuego, temporeros del fuego de Castilla y León. Y cotizan, y aportan y gastan en otros sitios”, expresa Esaú.
Esto no solo se ve en los trabajadores que vienen de otros puntos: se puede ver en las empresas que ganan las licitaciones públicas, como asegura Escolar. “El presupuesto de incendios, de 65 millones a 125 o a 130 millones y resulta que se factura todo fuera de Castilla y León”, indica el presidente de APAMCYL. Escolar pone de ejemplo los 7,5 millones de euros destinados a contratar cinco camiones de doble cabina que llevan conductor y mangueristas y en la doble cabina de atrás llevan cuatro operarios. “Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que son alquilados, y han estado el año pasado haciendo campañas de incendios en Madrid”, asevera.
Desde CCOO, su responsable de Medio Ambiente en Castilla y León, José Ramón Jiménez, también critica este tipo de medidas. Asegura que la Junta “ha engañado” a CCOO con estos camiones. “Esa privatización de esa parte del operativo se hace por la puerta de atrás y con nocturnidad. Porque si eso sale explícitamente en el acuerdo de esa forma, CCOO no lo hubiese firmado”, asevera.
Para Jiménez, el diagnóstico es claro: “A la Junta no le importa gastarse siete millones y medio de euros en una contrata, pero como haya que gastarse medio millón de euros más en guardias al año, pues, entonces, no se lo gasta”. Todo ello, como denuncia el representante sindical, hace que Castilla y León tenga “un operativo de tercera división” que adolece de una falta de “esfuerzo inversor”.
La Junta defiende su modelo público-privado
Frente a estas críticas de privatización del operativo, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, califica al operativo de “muy eficaz” y considera que se encuentra “entre los más eficientes de toda España” que está “dirigido por personal público, y que cuenta también para algunas actuaciones con el apoyo en empresas del sector privado y de empresas públicas, como es la empresa pública Tragsa”.
Arranz defiende que el modelo de Castilla y León es “mayoritariamente con personal público” y “de la propia administración autonómica”. “Toda la dirección del operativo es pública, más todo nuestro personal de vigilancia, todo nuestro personal de conductores, peones de autobomba, es personal público. Todos nuestros agentes medioambientales son públicos, y solamente determinadas cuadrillas de incendios vinculadas a la extinción, pero que también luego nos hacen sus trabajos de prevención, es lo que contamos con empresas privadas. Personal muy especializado, muy buenos trabajadores y con una excelente preparación. Y es el modelo que hemos seguido y el que vamos a defender, que no tiene que ver ni con la precariedad, ni con otras cuestiones que se están diciendo por ahí. Al contrario, es el operativo que más trabajos preventivos de incendios hace de toda España”, relata.
Y ante las críticas, Arranz expone las cifras. En total el operativo está compuesto por 2.586 trabajadores de la administración, de ellos funcionarios son 1.042, laborales 1.604 y de otras administraciones 480. El personal empresas públicas está compuesto por 825 personas y de privadas 1.304.
Para el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal las críticas no son justificadas. En concreto, sobre que el operativo no esté al 100% o que no haya una mejora de medios, Arranz defiende que estas afirmaciones “no son ciertas y se alejan mucho de la realidad”. Hoy están, por ejemplo, las autobombas que se han comprado están nuevas, estrenadas este año. O otro tipo de mejoras tecnológicas que se están haciendo y que ya se están notando a todos los medios“, apunta.