La Salle ha recibido en las últimas horas, coincidiendo con el anuncio público realizado por el escritor Alejandro Palomas, tres nuevas denuncias de abuso sexual que habrían tenido lugar entre los años 70-80 y ocurrido en dos casos en Galicia y en el otro en Castilla y León. Los casos desde un punto de vista legal habrían prescrito y afectarían a tres religiosos de la congregación, según informa La Salle a través de un comunicado
La institución ha puesto en marcha “de manera inmediata” su procedimiento interno, en línea con lo realizado con el caso del escritor y otros anteriores en los últimos años. La Salle ha prometido que empezará a recabar información y entrevistar a miembros de la comunidad educativa en aquella época.
De esta manera, La Salle “cumple con su doble compromiso legal y moral con las víctimas de estos abusos”, en línea con el procedimiento canónico impulsado por el Papa Francisco el pasado año, manteniendo al mismo tiempo el respeto a la presunción de inocencia reconocida en la legislación, pero mostrando “de forma clara y expresa” su petición de perdón a las víctimas por el dolor padecido.
El objetivo de este procedimiento es siempre el de tratar de esclarecer por completo los hechos y asegurar “la máxima transparencia y celeridad” en la investigación de estos casos, buscando el testimonio directo de la víctima y la plena identificación de los autores de los hechos, que son “deleznables” y que “atentan contra los derechos más importantes de las personas y, en especial, de la infancia”.
La Salle cuenta en la actualidad con un protocolo avanzado de ‘Tolerancia cero’ (conocido como ‘Protocolo en situaciones de riesgo por maltratos o abusos a menores’) y un ‘Código Ético’. Ambos procedimientos buscan crear un entorno seguro, velando por la protección de los alumnos en cualquier actividad que realicen actualmente bajo la tutela de sus centros. En los últimos años la institución ha trasladado ya diferentes denuncias que han sido admitidas a trámite por la Audiencia Nacional. Asimismo, se ha personado en procedimientos penales como acusación popular, algunos de los cuales han acabado en largas penas de cárcel, siendo los casos más recientes el de un profesor del Colegio Maravillas de Madrid en 2017 o el de un centro de acogida en Kenia en 2021.