Los servicios sociales de Castilla y León lograron en el 2023 la tercera mejor nota del conjunto autonómico, con un 6,79, por debajo del 7,30 sobre diez del año anterior y la más alta del régimen común, aunque bajaron un peldaño respecto a los dos años anteriores, cuando se situaron en el segundo lugar, debido al descenso del gasto y financiación.
Según la evaluación anual que hace la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales del sistema público de protección social, presentada este jueves, los servicios sociales del País Vasco escalaron en el 2023 al primer lugar, los únicos además en nivel alto, con un 7,44, seguidos de los de Navarra, con un 6,97 y Castilla y León, con un 6,79, ambos en nivel medio.
En el otro extremo figuran los servicios sociales de Madrid, Cantabria y Murcia con notas de 4,54, 4,05 y 2,37, en nivel irrelevante.
El informe, recoge que desde 2017 Castilla y León sigue ocupando una de las tres primeras posiciones en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales y “el descenso de puntuación de este año se debe a la pérdida de relevancia económica del Sistema”, ya que ya que en las otras dos dimensiones del estudio (Ordenación del Sistema y Cobertura efectiva de prestaciones y servicios), mantiene el liderazgo en el conjunto de Comunidades.
Reacción de la Junta
Tras conocer la publicación de este informe, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha destacado que la Comunidad se mantiene en un “nivel muy próximo” a los niveles de servicios sociales de las autonomías que tienen un régimen foral (País Vasco y Navarra).
Carriedo ha incidido en que ese resultado también se ve ayudado por el hecho de que ambas autonomías forales tienen transferida la gestión del Ingreso Mínimo Vital estatal, algo que ha reclamado Castilla y León.
“Dentro de lo que podría ser nuestra liga”, ha distinguido Carriedo, Castilla y León alcanza “la excelencia” en el apartado de derechos sociales y mantiene un “sistema equilibrado”, con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto.
En su opinión, este informe “viene a certificar la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad”, al sumar estos resultados en servicios sociales con los obtenidos en sanidad y educación.
Los gerentes advierten de que Castilla y León puede perder el liderazgo
La Asociación ha advertido de que la eficiencia que Castilla y León viene mostrando en la gestión de sus servicios sociales no será suficiente para que pueda mantener su liderazgo en la oferta de prestaciones y servicios a la ciudadanía, si prolonga su pérdida de relevancia económica.
En concreto, el estudio indica que el gasto por habitante en servicios sociales descendió un 2,3% en 2022 respecto al año anterior (-12,1 euros), pasando de 519,3 euros a 507,2, con lo que se situó ligeramente por debajo de la media estatal, que fue 512,0 euros.
También descendió, aunque ligeramente, el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas de Castilla y León destinaron a servicios sociales, pasando de ser el 10,9% en 2021 al 10,7% en 2022, y se sitúa prácticamente igual que la media estatal (10,2%).
Menor gasto en relación al PIB
Por último, también se redujo el porcentaje del gasto de las Administraciones Públicas castellanoleonesas en relación con el PIB regional, pasando del 2,12% en 2021 a, 1,87% en 2022 (-0,25 puntos), aunque aún está por encima de la media del conjunto de Comunidades (1,81%).
El informe indica que el peso de los presupuestos locales y autonómicos sobre el total del gasto en servicios sociales en Castilla y León es más elevado por parte de la Comunidad (78,9%), que la media estatal (72,7%). Las entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos) suponen el 21,8% del gasto total (27,3% en la media estatal).