El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha acusado al Gobierno de “engañar” a los tribunales a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declara ilegal el plan de caza la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2022.
Suárez-Quiñones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, ha defendido que los informes técnicos y jurídicos que han acompañado a los planes de caza de lobo en la Comunidad son “intachables”. El consejero ha afirmado que se basan en un informe “notoriamente erróneo” que deriva de la actuación “irresponsable” del Gobierno central que “falseó” los datos de las poblaciones. Además ha recordado que la sentencia del TSJCyL no es firme y barajan presentar un recurso.
Según el titular de Medio Ambiente, el Gobierno habría presentado datos erróneos sobre la situación del lobo en Castilla y León. Suárez-Quiñones ha explicado que el Estado no habría tenido en cuenta los datos de todas la comunidades autonómas “loberas” habiendo solo recabado los informes de Galicia.
Es por esto que, a criterio de Suárez-Quiñones, tanto las instituciones europeas como la propia justicia dieron por buenos los datos, que presentaban al lobo como especie en un estado de conservación desfavorable, y han tomado decisiones a pesar de que los datos conjuntos de las comunidades mostraban una situación “favorable” que no necesitaba ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y prohibir así su caza.
El responsable de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha criticado que los informes realizados por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019 eran “totalmente erróneos”. No se hizo conforme a los criterios técnicos que teníamos establecidos para hacer esos informes“, ha afirmado.
El consejero de Medio Ambiente ha anticipado que Castilla y León presentará a finales de noviembre de 2024 un censo con la población del lobo. Este trabajo para capturar, radiomarcar y hacer un seguimiento real de los lobos se lleva realizando desde finales de 2023.
En unas declaraciones previas al Consejo de Gobierno, Suárez-Quiñones, ha indicado que la sentencia del TSJ “no tiene una eficacia práctica” al involucrar a temporadas de caza pasadas y una, a partir de 2021, directamente bajo la normativa de protección del lobo vigente.
Tanto en esta intervención como luego en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha apuntado que los informes técnicos que están en el expediente de la orden de inclusión del lobo en el Lespre de dicho año figuran datos sobre que el lobo estaba en conservación favorable y se fundamentaba la ponencia técnica que justificó la orden del Lespre en razones culturales y de biodiversidad ajenas al estado de conservación. Esto, ha asegurado, contradice “el propio informe del Gobierno del 2019, manifestaban esos informes que el lobo estaba en España en estado de conservación favorable”.
Suárez-Quiñones ha recordado que la sentencia estima parcialmente el recurso planteado por Ascel porque pedía también una indemnización por parte de la Junta de los lobos abatidos, que ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia por falta de legitimación.