Más de 4.000 zamoranos han salido este jueves a las calles para exigir responsabilidades a la Junta de Castilla y León tras los incendios forestales que han calcinado más de 60.000 hectáreas en apenas un mes, la mayoría de ellas en la Sierra de la Culebra. Un territorio sobre el que han advertido de su “dramático futuro” tras haberse perdido la riqueza natural en forma de paisajes, pastos y ganado.
Con pancartas para la “defensa” del medio rural de la provincia y cánticos en contra de la Administración autonómica, los manifestantes han completado el recorrido entre la Subdelegación del Gobierno en Zamora y la Delegación Territorial de la Junta en esta capital. Un trayecto durante el que se han pedido las dimisiones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de reclamar “más bomberos y menos consejeros”.
A la conclusión de la manifestación, la plataforma organizadora, La Culebra no se calla, ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha mostrado la fuerte preocupación de los vecinos tras los últimos incendios forestales en la provincia. “La debacle social y económica que va a suponer este incendio para nuestros pueblos de la Sierra de la Culebra, de la Tierra de Alba, de Tábara y de los Valles es insondable”, han advertido.
El manifiesto ha aludido a los “muchísimos millones de euros perdidos en forma de ganado, cultivos, pastos, madera, castañas, setas, turismo, colmenas, caza, patrimonio cultural”, así como afectaciones a la naturaleza. Un “gravísimo daño al patrimonio ecológico, etnológico, histórico y arqueológico que se ha producido en un ecosistema único” como es la sierra de La Culebra.
A la capital zamorana han llegado en autobuses centenares de vecinos de los municipios afectados, que han reclamado un auténtico plan de choque. “Es fundamental una adecuada planificación y gestión del Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómico para las zonas afectadas”, han solicitado.
Esta gestión debe incluir, a su juicio, sinergias que permitan “aprovechar recursos, evitar incendios y mejorar la biodiversidad, para lo que es necesario dar protagonismo a la población rural en la toma de decisiones”.
La organización, por último, ha exigido responsabilidades políticas a Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones, así como “más medios, más personal y mejores condiciones laborales para los trabajadores forestales”. Además, han solicitado que el operativo preventivo y de extinción sea “cien por cien público y funcionando todo el año, acorde con las nuevas condiciones climáticas”.