El Partido Castellano-Tierra Comunera ha denunciado este lunes ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) el empadronamiento del senador por Castilla y León Javier Maroto, que desde hace casi 3 años figura como residente en la localidad de Sotosalbos (Segovia). Para el partido castellanista en este tiempo el político no ha residido de manera efectiva en el pueblo ni en Castilla y León, de donde ha sido reelegido senador autonómico hace escasas fechas gracias al voto de PP y Vox.
Javier Maroto se empadronó en Sotosalbos en junio de 2019, un mes después de las elecciones autonómicas, y un mes después fue elegido senador por el PP pese a su nula vinculación con Castilla y León hasta la fecha. Maroto se censó en una vivienda de un directivo de una consultora y ni siquiera acudió al ayuntamiento a formalizar el trámite, papeleo realizado por un tercero.
El PSOE ya denunció en 2019 por vía administrativa el empadronamiento de Maroto en Sotosalbos, que fue desestimada, asegurando entonces Maroto que había alquilado una vivienda para justificar su nuevo censo.
“Hemos puesto en conocimiento del INE el presunto empadronamiento irregular del señor Javier Maroto, han pasado casi tres años y las informaciones que manejamos apuntan que el senador no vive en Castilla y León, por lo que consideramos que es un empadronamiento ilegal y por eso lo hemos puesto en conocimiento de la autoridad competente”, ha explicado Domingo Hernández.
Partido Castellano-Tierra Comunera asegura que en anteriores denuncias de este tipo en la provincia de Burgos ya han obtenido pronunciamientos favorables. “Lo hacemos en este momento porque vuelve a ser actualidad y porque creemos que estos 3 años es tiempo suficiente para que el señor Maroto viviera efectivamente en la localidad, cosa que no ocurre”, señalan.
Para ser consideraba residencia efectiva el INE indica que hay que vivir en la localidad al menos 181 días de los 365 del año. Según el Partido Castellano-Tierra Comunera, Maroto “ni vive ni se asoma prácticamente por la localidad de Sotosalbos”.
El procedimiento de la Oficina del Censo Electoral del INE ante la denuncia de particulares sobre empadronamientos irregulares consiste en pedir un informe al Ayuntamiento afectado, gobernado por el PP en este caso, y dar traslado del mismo al reclamante. Si del informe se derivan indicios de actuaciones irregulares se llevaría a cabo una inspección 'in situ' en la localidad para comprobar la residencia efectiva. En caso de que se detecten presuntas irregularidades el procedimiento es comunicar a los inscritos a que se empadronen donde resida habitualmente y se insta al Ayuntamiento a que les proceda a dar de baja por inclusión indebida.