El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado a las hermanas A.I. y M.G.C. a penas de nueve meses y once meses de cárcel, respectivamente, como autoras de un delito continuado de maltrato animal relacionado con el criadero ilegal de Yorkshire que la Policía Municipal de Valladolid descubrió que ocultaban en abril de 2020 en un local de la capital.
En su sentencia, el juzgador impone a A.I. la pena más baja, posiblemente por error, al aplicarle la atenuante analógica de alteración mental, cuando en realidad es su hermana mayor, M, la que padece el síndrome de 'Noé' alegado por su defensora, al tiempo que impone a las dos la inhabilitación por dos años y nueve meses para el ejercicio de oficio, profesión o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento con un total de 14.559 euros, según informaron fuentes jurídicas.
“Aquí las acusadas han reiterado que todo lo hicieron por el bienestar de sus perros, pero la realidad es tozuda y la prueba contundente, hablar de cuidado, atención, dedicación y ausencia de dolo cuando día a día podían advertir el progresivo deterioro físico de sus animales, apreciable a simple vista para cualquier profano”, recoge el fallo condenatorio, que rechaza que no fueran conscientes del deterioro al que sometían a los animales a su cuidado, por mucho que estimen a los mismos y por mucho que quisieran lo mejor para ellos, porque lo cierto es que les sometieron a una situación de abandono y estrés equivalente a quien, de manera consciente, busca un resultado dañoso a largo plazo para el animal objeto de cría“.
De hecho, el juez añade que ambas hermanas eran plenamente conscientes de la situación como demuestra el hecho de las trabas que pusieron a los policías municipales para que entraran en el local, “ocultando a los animales en la zona trasera del local en cubos y cajas de cartón”.
Silogismo con el encierro de una persona
Y a modo de silogismo, el juez pide imaginarnos a una persona a la que se proporciona agua y comida pero, al menos, durante mes y medio reconocido por las acusadas, se le deja encerrado en un espacio en el que no puede moverse, en un equivalente de un par de metros cuadrados, sin posibilidad de hacer uso de instalaciones sanitarias, sin poder asearse durante ese periodo de tiempo, sin salir a la calle, sin luz natural, sin ventilación, sin asistencia médica. “Nadie dudaría de calificar de inhumanas o subhumanas las condiciones del encierro sufrido”, advierte.
Y es que, según entiende, el estado de abandono de los animales no es el propio de unos pocos días de falta de atención, “es compatible con la permanencia de los mismos en total ausencia de higiene y las mínimas condiciones de habitabilidad animal con plena conciencia de las acusadas, que no querrían causar un daño directo a los mismos, pero que estaban deteriorando progresivamente la salud de los animales hasta la generación de enfermedades producto no de su genética sino de las condiciones de vida impuestas”.
Pese a ello, no ha llegado a entender como acreditado que la causa de la muerte de uno de los machos, ni el feto muerto de una de las hembras haya sido consecuencia directa de la ausencia de cuidado y hacinamiento de los animales.
Sucios pero no maltratados
“¡Que los perros estaban sucios, sí, pero para nada estaban desnutridos ni habían sido maltratados!”, fue el alegato que las hermanas AI. y M.G.C. mantuvieron este lunes durante el juicio frente a la petición de pena de entre seis meses y un año de cárcel que solicitaron para ellas, respectivamente, Fiscalía y Ayuntamiento.
En su declaración, ambas hermanas rechazaron de plano que los 52 Yorkshire que la policía halló en un local de 60 metros cuadrados en el número 14 de la calle Santa Clara hubieran sido objeto de maltrato alguno y explicaron que los animales llevaban tan solo mes y medio en dicho espacio cuando fueron localizados, en concreto desde el 12 de marzo de 2020.
Los perros eran propiedad de su padre, quien sí poseía permiso de criador, y los habían llevado al local alquilado en Valladolid desde su emplazamiento original en el chalé familiar de Ciguñuela a raíz de la muerte de su progenitor en 2016 y ante el hecho de que en marzo de 2020 el Gobierno, fruto de la pandemia, decretara el estado de alarma.
“Nos quedamos con los perros en recuerdo de mi padre, pero no para hacer negocio con ellos. Al llevarlos a ese local, ante el estado de alarma, teníamos más facilidad para atenderlos”, indicó A.I, la pequeña de las hermanas, quien aseguró que el establecimiento estaba ventilado, tenía iluminación y en él los canes estaban alojados en una especie de parques infantiles de los que les sacaban cada día a la calle durante unos diez minutos.
Tanto ella como su hermana reconocieron que los perros carecían de microchip pero aseguraron que todos ellos eran vacunados y desparasitados cada tres meses, tarea que realizaban ellas mismas y un veterinario de la acera de Recoletos que han preferido mantener en el anonimato para no meterle en problemas.
“¡Fue todo un cúmulo de situaciones que nos superó. Que estaban sucios, sí, pero ni desnutridos ni maltratados! Queremos a los animales pues nos hemos criado desde pequeñas con ellos”, insistió A.I, cuya hermana mayor mantuvo que los únicos cuidados que les falta a los canes era el baño y el cepillado.
Una vecino denunció el “hedor” y los ladridos
Sin embargo, las fechas ofrecidas por las acusadas respecto del momento de llevar a los perros al local no concuerda con el testimonio ofrecido por la vecina del inmueble que dio la voz de alarma a la Policía Local, ya que ésta, aunque inicialmente dijo que llevaba soportando ladridos y un “hedor” insoportable desde hacía un mes, durante el juicio precisó que la situación la venía padeciendo desde hacía seis meses, en concreto desde octubre de 2019.
Tampoco benefició a los intereses de la defensa los testimonios ofrecidos por los policías municipales que descubrieron el criadero ni las dos veterinarias, una de la clínica Huellas y la otra municipal, que emitieron sus respectivos informes sobre el estado de los canes.
En el caso de los agentes, ambos relataron que en un primer momento se encontraron a una de las hermanas y ésta, tras abrirles la puerta al casi de una hora, les dijo inicialmente que tan solo tenía tres cachorros que les mostró en un transporting “lleno de mierda y orines”.
Los policías, sin embargo, comprobaron finalmente que el local contaba con medio centenar de perros que, según intuyen, la propietaria había tratado de esconder en cubos de plástico y cajas de cartón.
“El hedor era horrible y había moscas por todo el local. Las mascarillas que llevábamos a causa de la pandemia nos vinieron fenomenal”, recordó uno de los agentes, quien mantuvo que, tanto por el estado de las cajas, deshechas por los pises y la humedad, como por la situación de los animales, aquella situación no era cosa de un mes.
En la misma línea se posicionó la veterinaria de la clínica Huellas que atendió en un principio a los canes como la veterinaria del Ayuntamiento de Valladolid, que refirieron las “condiciones deplorables” que presentaban, en referencia a la ausencia de piezas dentales, dermatitis, gingivitis, otitis, cataratas, úlceras corneales cicatrizadas, desnutrición, atonía muscular y atrofia a causa, según su dictamen, de la privación de movimiento.
“Yo ya los vi rasurados y bañados, pero su situación era lamentable”, censuró la veterinaria municipal.