La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Ávila, ha detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos en una empresa de Candeleda (Ávila) dedicada al comercio de alimentos envasados en la que trabajaban diez mujeres nepalíes en condiciones de semiesclavitud desde el pasado mes de septiembre.
Con la detención de estas tres personas, dos empresarios y un miembro de la organización encargada de traer a estas personas, se han dado los primeros pasos para desmantelar una “organización criminal dedicada a la trata de seres humanos”, según ha explicado en rueda de prensa el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Juan José Vallejo.
Por ello, ha explicado que la operación bautizada como “Lhotse” continúa abierta sin que se descarten nuevas detenciones en el marco de esta actuación que, aunque dada a conocer este viernes, se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, tal y como ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano.
Estas diez ciudadanas nepalíes, de entre 24 y 38 años, vivían en un régimen de semiesclavitud en una nave anexa a la empresa, privadas de documentación y dinero, sin poder abandonar las instalaciones en las que malvivían sin ser acompañadas, en contadas ocasiones, por la persona de la organización que las vigilaba constantemente.
Esta situación provocaba su aislamiento social, ya que tampoco tenían conocimientos de castellano y solo se comunicaban con algunas palabras en inglés.
En la nave en la que se encontraban, dormían en colchones sobre el suelo; carecía de calefacción; las ventanas no tenían cristales y estaban cubiertas con plásticos; la cocina estaba sucia y tenían que compartir un solo baño lo que, además de limitar su privacidad, dificultaba unas condiciones básicas de higiene.
Según ha comentado Juan José Vallejo el “ciclo migratorio” de las víctimas, que llegaron a España entre julio y agosto, comenzaba en su país de origen con la “captación” por parte de una organización que “las engañó prometiéndolas trabajo en España”.
Posteriormente, la red les pagó el transporte “por carecer de recursos propios”, generando una deuda de entre 3.000 y 7.000 euros para realizar un viaje cuya primera parada se producía en “países de tránsito” como Serbia o Rumanía, desde donde continuaban “vía terrestre” hasta España.
Una vez en el primer destino, eran acogidas en pisos alquilados por la red en grandes ciudades, hasta que eran distribuidas en diferentes puntos de España para su explotación, como en el caso de esta empresa de Candeleda (5.000 habitantes), dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados.
Tras ser liberadas “seguían pensando que tenían que pagar una deuda a la organización” que las trajo a España, lo que les hacía estar “temerosas”, según el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.
Fueron atendidas inicialmente por la ONG APRAM, para después hacerse cargo otras organizaciones en defensa de los derechos humanos,.
La Guardia Civil, que trasladó las diligencias a los Juzgados de Arenas de San Pedro (Ávila), mantiene abierta la operación, sin que se descarten nuevas detenciones en los próximos días o semanas.