La Guardia Civil ha localizado sin vida en la tarde de este miércoles al extrabajador que denunció a la funeraria El Salvador de Valladolid por la 'estafa de los ataúdes', como ha avanzado EL ESPAÑOL de Castilla y León y ha podido confirmar este periódico. Las hipótesis sobre la investigación de la causa del fallecimiento barajan un posible suicidio.
El denunciante fue quien desató la investigación policial y la causa que judicial que aún está a la espera de juicio. El trabajador intentó extorsionar a su jefe, Ignacio Morchón Alonso, que falleció en octubre de 2022, quien primero le denunció por chantaje tras exigir una compensación por participar durante años en el cambiazo de los ataúdes.
20 años recopilando pruebas
El empleado acabó condenado pero presentó pruebas suficientes para abrir una investigación con 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias USB con 207 fotografías y 44 vídeos. El hombre había documentado desde hacía 20 años cada cambio de ataúd, había colocado carteles o esquelas sobre cada cadáver antes de meterlo en el horno sobre una vieja tapa o unos maderos, y había precisado incluso cuando esos cambiazos no se habían ejecutado por razones varias: desde que el muerto fuese drogadicto, hasta que estuviese demasiado gordo para moverlo, o que el propio proceso de descomposición hubiese afectado al féretro para poder vendérselo a otra familia.
Tras varios años de instrucción, con prórrogas debido a la complejidad de la causa, la juez instructora decretó en febrero de este año. En total, 24 personas están acusadas, entre ellos dueños y trabajadores que se encuentran en libertad provisional aunque con embargos preventivos de bienes inmuebles de Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador por valor de 4,9 millones, una cantidad que se considera suficiente “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse”, sin que se considere necesario imponer en este momento nuevas fianzas.
Después de cuatro años de investigación, el caso afronta la fase final. Según la Fiscalía, 5.973 cadáveres –el 73,08% de las incineraciones– fueron extraídos de los ataúdes donde ser les iba a incinerar y entraron en el crematorio sobre maderas viejas o tapas de antiguos féretros. La práctica reportó a la familia Morchón, dueña de la funeraria El Salvador, unas ganancias ilícitas de 4.048.768,09 euros. El caso se descubrió cuando un exempleado que había participado en los cambiazos, quiso extorsionar al que fue su jefe, Ignacio Morchón, y este le denunció. La Operación Ignis, en honor al dios del fuego, comenzó en ese momento, en 2017.
Toda la estafa que presuntamente urdió la funeraria estaba profusamente documentada. En las fotos que almacenó el extrabajador aparecen recién nacidos, niños de corta edad o adultos que fueron cremados con cartas y objetos personales que sus familiares habían introducido en los féretros.
La investigación policial duró dos años hasta que se reunieron pruebas suficientes para irrumpir en uno de los tanatorios del grupo El Salvador el 31 de enero de 2019, como adelantó elDiario.es, con las primeras luces del alba y cuando un par de familias velaban a sus muertos.
La Fiscalía pide penas por constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Las penas más duras las solicita para la viuda de Ignacio Morchón, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V: 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.
Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública reclama nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M.G, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.
Además de la Fiscalía hay una veintena de acusaciones particulares, algunas se adhieren al escrito del Ministerio Fiscal que incluye incluso un delito continuado contra el respeto a los difuntos, previsto y penado en los artículos 74 y 526 del Código Penal (El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses) además de la indemnización de 3.000 euros para cada uno de los herederos.