La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificó la anterior norma (Decreto 32/2015, de 30 de abril), que regulaba la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
El Tribunal declara nulo de pleno derecho el nuevo decreto porque en su elaboración se emitió un informe preceptivo del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, adoptado cuando la composición del mismo “había sido declarada ilegal por esta misma Sala” por vulnerar “un pilar fundamental en materia medioambiental” como es el derecho de participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas, informa Europa Press.
Asimismo, el TSJCyL considera que se ha vulnerado el principio de transparencia en la medida al no ponerse a disposición de los miembros del órgano asesor, antes de la reunión en que deben exponer las razones por las que informan en uno u otro sentido la norma que se les remite, los datos e informes científicos que sirven de base al proyecto de decreto, que es muy técnico como dicen los representantes de las asociaciones civiles y la federación de caza.
Este decreto de 2018 modificó uno anterior de 2015 que ya que vio anulado varios de sus preceptos por el mismo Tribunal, si bien posteriormente se levantó parcialmente esta nulidad tras estimar el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León.
La sentencia cuenta con un voto particular concurrente y un voto particular discrepante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.