Un juzgado de lo Penal de Valladolid ha condenado a un año de prisión al hombre que en agosto de 2020 agredió a un médico en el Centro de Salud de Renedo de Esgueva a causa de una pequeña demora en la atención dispensada.
Así lo ha anunciado este viernes el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, personado como acusación en el procedimiento judicial en nombre de la corporación y del facultativo, tras tener conocimiento de dicha sentencia condenatoria que incluye el pago de las correspondientes indemnizaciones y costas judiciales.
La organización colegial, a través de un comunicado, ha manifestado su rotundo rechazo de los hechos que motivaron la condena penal y ha puesto de relieve su preocupación por la reiteración con la que se vienen produciendo hechos similares contra los profesionales de la medicina, “quienes son víctimas de actos de violencia absolutamente inadmisibles en el desempeño de su labor asistencial”.
Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos de Valladolid se reafirma en el mantenimiento de su compromiso de “perseguir judicialmente, por todos los medios a su alcance, a quienes, prescindiendo del mínimo respeto hacia el personal médico y hacia los demás pacientes, desarrollan este tipo de acciones absolutamente condenables”.
Los hechos referidos se remontan a agosto de 2020, cuando dos jóvenes acudieron al Centro de Salud Rural I situado en Renedo. Uno de ellos tenía una cita para realizarse una prueba PCR para comprobar si estaba contagiado de coronavirus. Antes de poder atenderlo, se produjo una urgencia que requirió de la atención inmediata del médico del centro en un domicilio particular.
A la vuelta de dicha emergencia, el sanitario comenzó a recibir varios insultos y amenazas por parte del joven y su acompañante, quienes, además, causaron destrozos físicos en la puerta de la consulta con una barra de hierro mientras el médico y el enfermero que lo había acompañado a cubrir la urgencia se refugiaban en el interior de la misma.
La denuncia de lo ocurrido recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que acordó imputar por posible delito de atentado a la autoridad al presunto autor de la agresión al estimar que existía un posible delito de atentado y delito leve de daños, cuando en la mayoría de los casos de agresiones a profesionales sanitarios se suele archivar la causa o se inculpa por un delito leve.