El director del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), Julio Cordero, ve “imposible” mantener el servicio con los 400.000 euros que da la Junta de Castilla y León. Así lo ha apuntado este miércoles cuando ha declarado como testigo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
UGT y CCOO han interpuesto una materia contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y la Orden de la Consejería de Empleo del 13 de abril, por la que se concedió unos 400.000 euros para la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en lugar de incluir en los Presupuestos los 800.000 euros habituales. La legalidad de este mecanismo de financiación ha quedado visto para sentencia.
Los abogados de los sindicatos mayoritarios y la abogada del Estado han pedido al Juzgado que considere que el acuerdo de la Consejería de Empleo, dirigida por Vox, es “contraria a la normativa laboral”. El letrado de UGT ha ido más allá y lo ha considerado “un ataque a la libertad sindical y su derecho a la negociación colectiva”.
La Abogacía del Estado ha reprochado que la Junta de Castilla y León solo haya realizado un estudio “basado en la situación económica y no en las necesidades o el resultado del servicio”. “Deben garantizar su cumplimiento”, ha insistido. La Fiscalía, que apenas ha intervenido en la sesión, no ve “base suficiente” para continuar con el proceso judicial y se ha posicionado en una línea similar a la de la Junta de Castilla y León, cuyo letrado se ha amparado en la “potestad de autoorganización de la Administración”.
Los recursos de la Junta “se tienen que controlar”
El letrado de la Junta de Castilla y León ha defendido que los presupuestos autonómicos “no son ilimitados” y “se tienen que controlar”. Además, desde la Junta de Castilla y León se ha defendido la posibilidad de que no sea solo la Administración autonómica la que financie el Serla, sino que también pueden participar los sindicatos, la patronal o incluso el Gobierno de España.
Según los cálculos del director del Serla, en el 2022 el gasto fue de 848.000 euros y el previsto para este año es de 865.000 euros. “No es posible mantener el servicio con menos”, ha manifestado Cordero, quien ha defendido el funcionamiento actual del Serla (con dos mediadores en los conflictos laborales y no solo uno como propone la Junta de Castilla y León). “Si las partes designan un conciliador, es más fácil que se sienten [a negociar]. Cuando una parte no designa [un conciliador], es más difícil”, ha expresado ante los jueces. Aún así, ha asegurado que necesitarían un trabajador más para cumplir con lo previsto en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales.
En aras de una “eficiencia presupuestaria”, han ofrecido abandonar la sede actual del Serla para que los siete trabajadores de la fundación operen desde las oficinas territoriales de la Consejería de Empleo. Según ha calculado el letrado, el alquiler del local estaba en unos 3.200 euros más gastos (unos 39.000 euros anuales).
Un traslado “físicamente imposible”
Sin embargo, el director del Serla también ha considerado “físicamente imposible” el traslado del servicio a las oficinas de la Junta de Castilla y León. “Allí no podríamos desarrollar las tareas de la Fundación Serla. Es más bien una zona de paso”, ha apuntado Cordero, que también ha comentado que pocos días después de que el Patronato acordara el traslado, acudió a las oficinas y había mesas y sillas nuevas colocadas a pesar de que la fundación cuenta con su propio mobiliario. Cordero —según ha apuntado— planteó hacer un estudio de necesidades y una planificación previa, pero desde el gobierno autonómico tenían claro que el traslado se haría efectivo.
El espacio que cede gratuitamente la Junta de Castilla y León solo cuenta con una sala y hay posibilidad a utilizar una segunda en algún momento específico. Sin embargo, todos los días utilizan como mínimo dos salas y muchas veces incluso tres salas. “Otros días hemos usado hasta seis salas porque hay que separar a las partes para que hablen y o hay partes dentro de las partes [por discordancia entre dos organizaciones empresarias, por ejemplo]”, ha manifestado.
Según ha explicado en el Juzgado el director general de Trabajo, Fernando de la Parte, solo quedan “ciertos ajustes finales” para ejecutar este traslado. De la Parte ha advertido a los jueces de cierto “sobredimensionamiento” y ha insistido en sus dudas sobre “el sobrecoste y la eficacia” del servicio.
Antes de que comenzara el juicio, el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha asegurado que la Junta de Castilla y León “ataca” el modelo de convivencia y la solución autónoma de conflictos. “No solo se está atacando el derecho a la libertad, también la tutela judicial efectiva. No se puede atacar la libertad sindical y decir que se es constitucionalista”, ha reclamado Luján. El adjunto a la Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Cándido Alonso, ha afeado “el nuevo intento de estrangular el Serla a través de la financiación”.