No recuerdan nada y son tremendamente generosos con el dinero que “donan”, su control y su destino. El caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca que investiga un juzgado destaca, hasta el momento por la ambigüedad de las declaraciones que hacen los altos cargos que donaron entre 500 y 1.000 euros durante las primarias de 2017. El objetivo era, según ellos, recaudar dinero para pagar las cuotas atrasadas de militantes y que estos pudiesen votar al que hoy es presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Así justifican la cantidad cercana a los 60.000 euros que afloró en las cuentas del partido en cuestión de tres días. Donaciones “altruistas” que se hicieron en mano y que una persona cuyo nombre desconoce la mayoría se encargó de ingresar en el banco. Las pesquisas judiciales pasan por averiguar si, efectivamente, los altos cargos fueron tan generosos como dicen o se trató de un pitufeo.
Robles, el delegado del Plan Nacional de Drogas que malogró una operación policial por dar una rueda de prensa
Entre los cargos que han declarado hasta el momento destacan el diputado por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, recordado en esa provincia porque en plena precampaña electoral perdió en un bar un sobre lleno de billetes, o el senador Gonzalo Robles, también muy cuestionado en el 2000, cuando era delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas y dio una rueda de prensa sobre la aprehensión de un importante alijo de drogas antes de haber acabado una operación internacional. Las cinco toneladas de cocaína que se esperaban encontrar a bordo del buque Privilege, acabaron, posiblemente, en el fondo del mar.
En su declaración sobre el caso de las primarias Robles ni siquiera fue capaz de precisar al juez quién le dijo que tenía que donar los 1.000 euros que aportó. “Yo no sé, yo supongo que la indicación me la debió hacer el presidente provincial, que era Javier Iglesias. Digo lo supongo, pero había un conjunto de personas, se que lo entregue en el grupo de la diputación y sé que había en ese momento varias personas, lo que no recuerdo es si se lo di a una o a la otra, sé que lo dejé ahí”, explicó. Cuando el fiscal preguntó a Robles cuántos afiliados no estaban al día en el pago de las cuotas, el senador se enredó en un discurso tan florido sobre lo ilusionante de las primarias que podía ganar “un salmantino”, que le tuvo que cortar. “¿Pero me ha entendido la pregunta?. Robles acabó por admitir que eran ”bastantes“, sin dar un número aproximado.
No reconoció su letra en una declaración jurada “porque está en mayúsculas”
Robles dio 1.000 euros, no sabe a quién, ni si cerró el sobre, ni si se tomó nota, ni quien se hizo cargo del dinero “porque había una relación de confianza”. No le pareció mal poner más dinero a pesar de que como cargo público aporta al partido 120 euros mediante domiciliación bancaria. Por qué no hizo la donación en la cuenta de donaciones lo explicó de una manera simple: “es que ese dinero no era para el partido, era para las personas”. Personas según el, que trabajaban mucho por el PP como apoderados, o como interventores y que aunque no pagasen sus cuotas “en realidad habían pagado mucho más en especie con ese trabajo”. A pesar de ese alegato, Robles reconoció que no sabía a quiénes se sufragó la deuda.
Pero quizás uno de los momentos más sorprendentes de su declaración fue cuando el abogado de la acusación popular le preguntó por la declaración jurada que firmó, al igual que otros cargos, sobre la donación del dinero y cuando ya se había producido la denuncia anónima que dio lugar a la investigación. Robles reconoció su firma, pero no sabía si había rellenado el documento él mismo. “¿No reconoce usted su letra?”, preguntó el letrado. “No, es que como está en mayúsculas no lo sé”, respondió.
El PP de Salamanca, según Robles, era “el camarote de los hermanos Marx”
Para rematar sus explicaciones, tan poco precisas a pesar del esfuerzo del juez instructor, el fiscal y la acusación particular, Robles lo justificó por el desbarajuste que hubo en el partido cuando se tuvieron que afrontar unas primarias, según él, inesperadas. “No quiero decir que fuese el camarote de los hermanos Marx, pero si lo era, se trataba de hacer lo que se pudiera en ese momento”, zanjó.
También provocó cierta estupefacción el relato del actual procurador en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, secretario del PP de Salamanca en 2017. Según él, era un secretario “de derecho, pero no de hecho”, porque el fin de su cargo se acercaba y entonces “pues no hacía nada”. Cruz aportó 500 euros, que no sabe a quién entregó pero sí que indicó a quien cogió ese dinero que parte del mismo se destinase a pagar los atrasos de una afiliada en concreto: su mujer.
El diputado Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de partidos políticos, insistió en que, aunque hubo una reunión de la ejecutiva cuando se conoció que se llevarían a cabo las primarias, la decisión de las donaciones “fue una cosa al margen del partido” y “una cosa entre amigos” y “altruista”.
Las declaraciones de los cargos del PP se sucederán a lo largo de este verano. Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, niega lo obvio. Según aseguró el pasado 2 de junio en una rueda de prensa, el juzgado de Instrucción no investiga la presunta financiación del PP provincial. “Puede usted analizar los autos”, dijo entonces. Lo cierto es que “los autos” son claros. El 26 de junio de 2020, un auto declaró firme el archivo de las actuaciones respecto a los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad, y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de elecciones primarias del Partido Popular en marzo de 2017. En ese mismo auto se decretó la reapertura de la causa para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político del artículo 304 bis del Código Penal, en los términos y a los efectos ordenados por la Audiencia Provincial de Salamanca.