El fiscal solicita cuatro años y medio de presión para el jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León, P.S.G., como supuesto responsable de un delito de cohecho, que será juzgado con tribunal del jurado en la Audiencia Provincial abulense.
El auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila, facilitado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), es una resolución que no es firme y ha sido recurrida por la Junta de Castilla y León y por la acusación particular.
El encausado, que ha depositado la fianza requerida de 10.000 euros y ha sido apartado de sus funciones, según ha señalado este lunes a los periodistas el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, se enfrenta también a una multa de 9.000 euros y a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según el ministerio público.
Por su parte, la acusación particular solicita cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por “los perjuicios causados” a su defendido.
La Junta de Castilla y León pide seis años de cárcel para P.S.G. y una multa de 18.250 euros, además de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y ejercicio de sufragio pasivo.
Aunque las partes apreciaban la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la Administración de justicia, el Juzgado de Instrucción número dos ha sobreseído estas acusaciones, de ahí los recursos de la Administración autonómica y de la acusación particular.
La Junta de Castilla y León se ha personado como acusación particular en este procedimiento penal que se inició en diciembre de 2022, tras la denuncia presentada un mes antes por un particular en el Juzgado de guardia.
Dicho procedimiento responde a la investigación al jefe de la sección de Inspección y Valoración Tributaria del Servicio Territorial de Hacienda en Ávila, por intentar una 'mordida' a una herencia millonaria.
El funcionario supuestamente habría ofrecido, a una persona que trataba de realizar los trámites de una herencia millonaria, bajar las valoraciones de los bienes de una anciana, con el objetivo de pagar menos impuestos, recibiendo como compensación una 'mordida' de 50.000 euros.
El denunciante habría aportado como pruebas al procedimiento abierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila diversas grabaciones en vídeo y correos electrónicos.