El PP de Salamanca ha recurrido la decisión del fiscal de denunciar al partido ante el Tribunal de Cuentas por ocultar las donaciones que recibió para pagar cuotas de afiliados durante las primarias que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En su recurso de reposición, el Partido Popular no solo insiste en que los pagos de altos cargos no eran donaciones finalistas sino el pago de una deuda a terceros, además arremete duramente contra el fiscal al que atribuye dudosas intenciones. Todo esto apenas dos meses después de que Mañueco asegurase que se iba a “colaborar” con la justicia en el caso de presunta financiación ilegal.
En su recurso, el PP de Salamanca corrige al fiscal porque según su defensa “parte de una premisa errónea” al calificar como donación el “pago de deudas de sus afiliados”. El abogado asegura que “si algo ha quedado acreditado” es que las “numerosas personas” que han reconocido el pago de cuotas pendientes de otros afiliados no lo han hecho como “donación”. “Es claro que, desde la óptica del partido, la recepción del pago de las cuotas de afiliados por parte de dichas personas no es sino el cobro de unas deudas reales y existentes”, asevera. “No puede en Derecho hablarse de donatario cuando lo que se recibe es una cantidad en concepto del pago de una deuda. El acreedor que recibe de un tercero el pago de una cantidad para la satisfacción de una deuda de otra persona, en modo alguno recibe una donación”, insiste. Así, abunda que el “error” del fiscal puede estar en considerar que se produjo una donación “porque los pagadores asumían deudas ajenas sin pedir contraprestación alguna a cambio, y en ese sentido impropio quiera entenderse que lo que han hecho es una donación”. Lo que el PP no explica es por qué los que pagaban la deuda y declararon ante el juez fueron incapaces de determinar a qué deudores beneficiaron o tan siquiera si los deudores conocieron quienes eran sus benefactores.
El PP acusa al fiscal de querer dar “apariencia irregular” a su conducta “en plena campaña electoral”
Siguiendo el razonamiento del pago de la deuda a terceros, entiende que el dinero se ingresó donde debía, en la cuenta de afiliados y no en la de donaciones “como incorrectamente se pretende”, es más, la defensa del PP realiza una grave acusación al afirmar que la intención del Ministerio Público era “otorgar apariencia irregular en plena Campaña Electoral a una conducta que manifiestamente no la tiene”. Por otro lado, corrige también al fiscal cuando indica que las cuotas impagadas no son deudas sino obligaciones y por tanto no exigibles. “La deuda no es más que el primer elemento de la obligación, al que acompaña, entre otros, la responsabilidad o capacidad de exigir su cumplimiento”, dice el PP.
Para intentar desarmar la tesis del fiscal, el PP de Salamanca recuerda sus consideraciones cuando solicitó el archivo de la causa y obvia las diligencias de investigación que se han practicado desde entonces y en las que se basa ahora. También se opone a la desanonimización de la documentación y vuelve a basarse en decisiones anteriores “sin que haya razón para airear la ideología política de numerosas personas y afiliados fuera del propio procedimiento, sin garantía del control judicial que gozan en el seno del mismo y transgrediendo así su derecho fundamental a la intimidad”.
Al PP le “llama la atención” que sea una pretensión de la Fiscalía “de quien se debería esperar el apoyo al respeto de la intimidad de la ideología política de numerosas personas que ni siquiera son investigadas ni parte del procedimiento”. Alude al “respeto de los derechos fundamentales de terceras personas” frente a tales finalidades extrapenales“. Acusa además al fiscal de ”anticiparse“ y ”dar por zanjado lo que es el objeto mismo de la investigación“, que es conocer si las cantidades pagadas lo fueron para el abono de cuotas adeudadas por los afiliados; o, por el contrario, no tienen dicha finalidad sino la de realizar donaciones al partido sin identificación de sus pagadores. ”Y ello, aunque no haya dato alguno que permita mantener esta última tesis frente a la primera“, asegura. Así, afirma que ”el Ministerio Fiscal ya presume y pretende prejuzgar cuál será el resultado final de la propia instrucción“. Por último, otra razón que esgrime para oponerse a la denuncia ante el Tribunal de Cuentas es que ”no procede“ realizar actuaciones que se están investigando en una causa penal.
En lo que el PP no entra es en la documentación que el juzgado pidió hace más de un año y que nunca ha presentado: la auditoría interna que esclarecería la contabilidad del partido.
El PP pretende que el juez le diga al fiscal lo que tiene que hacer, según la acusación
El letrado de Foro Izquierda Los Verdes, acción popular en la causa, desmonta todos y cada uno de los argumentos del PP y critica la “futilidad” de “montar todo un recurso para rebatir cómo el fiscal ha de valorar en sus escritos los términos” en los que pide al juez que el asunto se lleve al Tribunal de Cuentas. La pretensión del PP, calificada de “anodina”, “no encuentra amparo en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” y por ello no se cita precepto alguno. “Con esto bastaría para rechazar de plano semejante pretensión”, argumenta el abogado. Irónicamente, el letrado recuerda que lo que el PP quiere es que el juez le diga al fiscal “cómo tiene que pedir” y “que el juez le diga al fiscal que no se pase de la raya, que aquí de donaciones nada de nada, que aquí la máxima interpretación de los calificación de los actos protagonizados por los testigos y por los investigados solo puede hacerla el PP, a su antojo, por inspiración divina”. Siguiendo ese razonamiento, el abogado lamenta que el PP concluya “a su conveniencia” que se ha producido un “pago a terceros”.
Interpretación “interesada y divina”
“Resulta que por mor de la interpretación jurídica unilateral, personal, interesada y divina de la defensa del PP tenemos que olvidarnos de que nos encontramos en una causa penal y no en un procedimiento civil conforme la defensa del PP y de sus adheridos pretenden”, explica a la vez que recuerda la Ley de Financiación de Partidos Políticos y sus reformas. Recuerda además que después de dos años de investigación incluso la Audiencia Provincial se ha “auto enmendado” y ha fijado “unas conclusiones demoledoras” en las que se descarta “toda teoría de pagos a terceros” y que el PP “no cita ni por asomo”. Respecto a la oposición del PP a que se desanonimice a los deudores, el abogado de Foro Izquierda Los Verdes afirma que “tratar de que el juez instructor también prohíba que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tenga acceso a la documentación aportada por el PP obrante en los archivos judiciales, pretextando violaciones del derecho a la intimidad, resulta inaudito”. Así, recuerda que la Ley de Financiación de Partido, en su exposición de motivos “advierte a los señores del PP” que se trata de “una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos que dote de mayor transparencia y control, y que es el Tribunal de Cuentas precisamente a quien ha de dotársele de información plena, exactamente la misma que a los órganos jurisdiccionales, al corresponderle la fiscalización de sus cuentas”.
También discute la intención del PP de hacer prevalecer el derecho de sus afiliados a que no se conozca su filiación política frente al derecho a que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a conocer sin límite alguno toda la documentación obrante en la causa de forma plena. “Sin perjuicio de que al PP cuando le interesa ofrece voluntariamente toda clase datos personalísimos de sus afiliados, como es de ver en los 31 extractos bancarios y en las 39 declaraciones juradas que constan, reveladoras de nombres, apellidos, DNI, NIF, bancos, cuentas bancarias, toda clase de datos personalísimos de sueldos, pagos de comidas, luz, comunidad, asociaciones a las que pertenecen, pagos periódicos de luz, agua, cargas...., sin que nadie se los haya pedido y sin importarles en estos 70 casos en absoluto su intimidad, resulta que sin embargo cuando le venga en gana o le interese quiera imponer la anonimización a esta parte y al Tribunal de Cuentas”, critica. El abogado recuerda que la intimidad ideológica es un derecho que puede ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que aquel haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho.
“Los partidos no son sociedades secretas”, según el letrado de Foro Izquierda Los Verdes, y “el que se afilia a un partido rompe el secreto de su ideario político y lo exterioriza y participa a los órganos encargados de la afiliación y al mayor o menor número de personas que comparten su opción” por lo que “resulta incongruente” que pueda reclamarse la confidencialidad de los afiliados en una investigación penal directamente relacionada con el ingreso de sus cuotas.