La iniciativa para la construcción de una pista de esquí en seco en Villavieja del Cerro (Valladolid), sometida a juicio en la Audiencia de Valladolid desde este lunes, “nació ya con muchas piedras en su camino”, entre ellas el hecho de que ni siquiera el arquitecto que redactó el proyecto estaba al corriente de la imposibilidad de ejecutarla en la zona elegida debido a que la Ley de Montes lo impedía por haber sido afectada años antes por un incendio.
Son algunas de las 'perlas' que ha dejado la tercera jornada del juicio que sienta en el banquillo, acusados de un delito continuado de prevaricación, al exvicepresidente de la Diputación y expresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), Alfonso Centeno; al exvicepresidente y al arquitecto de dicha entidad, Pedro Pariente y Valentín González, respectivamente, y al exjefe de Urbanismo de la institución provincial, Luis Torroglosa.
Si en la jornada anterior 'desfilaron' por la sala integrantes del Consejo de Administración de Sodeva, tanto del PSOE como de IU, durante la época investigada, este miércoles han tomado el relevo otros exmiembros de dicho órgano pero en representación del PP, entre ellos el que fuera alcalde de Zaratán, Carlos Carranza, quien ha reconocido que la iniciativa denominada 'Meseta Ski' no salió finalmente adelante porque no pudo sortear las “muchas piedras en el camino” que se encontró desde un inicio.
Entre ellas, el exalcalde de Zaratán ha citado la prohibición de construir en una de las parcelas elegidas porque en su día se vio afectada por un incendio forestal. De hecho, las obras fueron paralizadas en septiembre de 2007 por orden del Contencioso Administrativo a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción.
“El objetivo era dinamizar una zona, al igual de lo que sucedió con el Museo del Pan en Mayorga de Campos, pero nacieron muchas piedras por todos los sitios, entre ellas la existencia de un pinar que había sufrido un incendio”, ha recordado el exregidor de Zaratán, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado las constantes modificaciones habidas en el proyecto inicial, que dispararon su presupuesto de poco más de cuatro millones a casi diez, al intento de todos “de salvar el proyecto y de que saliera adelante”.
Incluso el arquitecto al que Corsan Corviam, adjudicataria del proyecto, encargó la redacción del mismo y la ejecución de las obras el 13 de julio de 2006, Santiago González, del estudio urbanístico Naos, ha confesado durante su declaración como testigo que ni siquiera estaba al corriente de que la Ley de Montes impedía operar en una de las parcelas elegidas por haberse visto afectada años antes por un incendio.
Su absoluto desconocimiento de este hecho, de la misma forma que en la jornada anterior lo reconoció el que fuera alcalde de Tordesillas, Emilio Álvarez Villazán, se suma al hecho de que el arquitecto ha alegado igualmente que ignora cómo se tramitó la licencia en dicho Consistorio, el mismo que al poco de iniciarse los trabajos--fue la primera suspensión--los paralizó en noviembre de 2006 porque excedieron el movimiento de tierras inicialmente autorizado al haberse realizado también obras de drenaje, muros y zanjas.
El arquitecto Santiago González, quien en su momento llegó a figurar como investigado en este procedimiento, ha explicado que en 2006 le fue encomendada la tarea de elaborar el proyecto de unas pistas de esquí en seco en Villavieja, con un presupuesto de 4.060.000 euros, que él elaboró “ajustado” en todo momento a ese encargo inicial pero que, a posteriori, las obras de ejecución comenzaron teniendo ya como referencia un proyecto totalmente diferente desde el punto de vista técnico y presupuestario, con un coste casi duplicado.
Modificación del proyecto inicial
El testigo ha atribuido ese cambio de planes a varios viajes que en el verano de 2006 efectuó con varios miembros de Sodeva a Inglaterra y más tarde a Francia que condujeron a una modificación del proyecto, desde un cambio del tipo de césped elegido hasta una ampliación de las pistas y la mejora del remonte, entre otras novedades.
“De todo ello estaba al corriente la propiedad”, ha sostenido Santiago González en distintas ocasiones en referencia a Sodeva, de ahí que la obra se inició con un proyecto totalmente alejado del primigenio tanto en materiales como servicios y presupuesto, siempre de común acuerdo con el entonces presidente de la entidad y del arquitecto, Alfonso Centeno y Valentín González, respectivamente, sobre todo este último porque, como así ha apostillado, “era la persona a la que trasladaba cualquier consulta por ser el interlocutor técnico de la propiedad”.
Las distintas vicisitudes en la ejecución de la infraestructura de ocio se tradujeron también en un sobrecoste porque, como así ha reconocido el arquitecto, “hubo que realizar en 2010 un proyecto complementario para subsanar el deterioro sufrido” tras varios años de paralización.
La jornada ha contado también con el testimonio de otros integrantes del entonces Consejo de Administración de Sodeva, la mayoría del PP y en representación de la Agencia de Desarrollo Económico, quienes, propuestos por las defensas, han coincidido al señalar que acudían a las distintas reuniones con documentación previa y con la posibilidad de consultarla con anterioridad, si así lo requerían, y que ninguno de ellos recibió presión alguna por parte de los acusados para votar en uno u otro sentido.
Han explicado que la voz cantante la tenía Alfonso Centeno, el todavía hoy alcalde de Olmedo, y han mantenido que los acuerdos en las distintas reuniones celebradas, entre ellas la de 31 de marzo de 2008 que validó el proyecto refundido que recogía todas las modificaciones de 'Meseta Ski', fueron adoptados por mayoría.
Dos de los acusados declaran este jueves
El juicio continúa este jueves con más declaraciones, entre ellas las de dos de los acusados, Alfonso Centeno y Pedro Pariente, con lo que para el viernes se espera completar el interrogatorio de sus dos compañeros de banquillo y dar por cumplido el trámite de la exposición de los correspondientes informes de las partes.
Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción no aplican la atenuante de dilaciones indebidas, elevan la inhabilitación a once años y solicitan el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.