El TSJ de Castilla y León confirma a Allianz como responsable civil directa de 210.000 euros estafados a una anciana en Valladolid

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado a la compañía Allianz Seguros y Reaseguros como responsable civil directa del pago de más de 215.00 euros a favor de los herederos de una octogenaria que en 2017 se encontraba alojada en una residencia de Valladolid donde una empleada se apoderó de tal cantidad mediante extracciones que hizo de su cuenta bancaria.

El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima de este modo el recurso interpuesto por la aseguradora, a la que impone costas, y confirma íntegramente la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid que la condenó como responsable civil directa del pago de la referida indemnización, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

En aquel fallo ahora ratificado la empleada de una residencia de ancianos acusada de apoderarse de más de 221.000 euros de la cuenta de una residente de 81 años, así como una cómplice que le ayudó en las extracciones, cerraron un acuerdo con la Fiscalía para asumir condenas de dos años de cárcel la primera y un año y nueve meses la segunda.

El acuerdo consistió en que la primera asumió un año y nueve meses por delito continuado de estafa, otros tres meses por hurto y multa de 3.600 euros, mientras que la otra acusada asumió un año y nueve meses por el primer delito y multa de 1.080 euros.

El juicio sí se celebró pero quedó circunscrito únicamente al capítulo indemnizatorio, superior a los 215.000 euros, ya que la aseguradora de la residencia de ancianos discutía su condición de responsable civil .

La autora de la estafa, M.A.B., y su cooperadora, E.O.F., se enfrentaban con carácter provisional a peticiones de siete años de cárcel y de dos años, respectivamente.

Además, la acusación pública solicitó a la principal acusada que indemnizara a los herederos de la víctima, ya fallecida, en más de 215.00 euros en concepto de las extracciones realizadas de su cuenta bancaria, así como con otra cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, por el valor de unas joyas que hurtó de casa de la anciana y también con otra cuantía a concretar por las rentas no abonadas por el alquiler de dicho inmueble que acordó con la residente.

De dicha cantidad debería responder, como responsable civil directa, la aseguradora de la residencia de Valladolid en la que se encontraba la víctima y donde trabajaba M.A.B.S., pues se da la circunstancia de que esta última es hija de la titular del centro residencial.

Los hechos se produjeron entre abril de 2017 y noviembre de 2018 y tuvieron por víctima a una anciana de 81 años alojada en la referida residencia, periodo en el que la principal acusada, en su condición de trabajadora del centro y conocedora de la suculenta cuenta bancaria de la víctima, la convenció con engaños para que solicitara una tarjeta de débito que una vez en su poder comenzó a utilizar para realizar extracciones diarias en cajeros automáticos de la mercantil.

Sueldo de 2.000 euros por extraer 1.000 euros diarios

Con el fin de evitar dejar rastro, M.A.B. contactó con la otra condenada, persona de su confianza, para que a cambio de una remuneración de 2.000 euros mensuales realizara para ella las extracciones en los cajeros, a razón de 1.000 euros al día, hasta que en noviembre de 2018 entre ambas lograron vaciar la cuenta de la anciana.

A mayores, la principal condenada también realizó otras adquisiciones, como un aspirador marca Dyson y un vehículo Nissan Juke, amén de diversas obras que realizó en su piso. También se la imputaba haber logrado de la anciana que le alquilara su vivienda habitual, una vez que la mujer pasó a la residencia, y no abonarle los 500 euros de renta que tenía comprometidos mensualmente con la arrendadora pues, como así apunta el fiscal, “nunca tuvo intención de pagar”.

En la referida vivienda se encontraban varias joyas, titularidad de la anciana, que la acusada vendió en un establecimiento a cambio de 2.150 euros.