Desde hace más de dos décadas la fecha del 15 de diciembre está marcada en el calendario de Juanjo Álvarez y Carmen Peso: un día como ese de 1992 su hijo Pedro fue asesinado. El principal sospechoso del caso fue un policía nacional, ahora jubilado, a quien la Audiencia de Barcelona exculpó el pasado mes de octubre. El próximo martes se cumplen 28 años del asesinato de Pedro Álvarez y su familia, que no se ha rendido en todos estos años, ha acudido hasta el Tribunal Supremo para reabrir el caso. “Iremos al Supremo, al Constitucional y a donde haga falta”, sentencia Juanjo Álvarez.
Las posibilidades de que el recurso prospere son limitadas tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, pero la familia no pierde la esperanza. Se trata de un recurso excepcional, que la ley solo prevé para las causas en que deban practicarse análisis químicos “absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial”. Esto es precisamente lo que pretende la familia, que pide que Mossos d'Esquadra analicen los restos biológicos de la pistola y la vaina del crimen con las nuevas técnicas de investigación que no existían en 1992. La Audiencia de Barcelona lo rechazó.
En el último año gracias a la campaña de la familia y de la Plataforma Pedro Álvarez el caso, muy conocido entre los movimientos sociales catalanes, volvió a ocupar páginas de periódicos y minutos de radio y televisión. Pero la respuesta de los tribunales fue de nuevo decepcionante para la familia, no solo por el fondo, sino también por las formas: el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona impidió entrar en la vista a Juanjo Álvarez y Carmen Peso pese a celebrarse en una de las mayores salas del Palacio de Justicia alegando que se trataba de una diligencia de fase de instrucción que no era pública.
Además el tribunal acogió una interpretación contraria a la de la familia sobre la prescripción del caso, que situó en 2015 en vez de en 2020. En cuestiones de prescripción los jueces deben poner en una balanza los derechos de la persona investigada con los de los familiares de las víctimas para esclarecer los hechos pese al paso del tiempo. En el caso de Pedro Álvarez, los jueces han optado por la favorable a los del policía investigado, pero no se han limitado a declarar la prescripción, sino que también han querido dejar por escrito que las nuevas pruebas solicitadas por la familia “correrían la misma suerte infructuosa” que las practicadas hace más de veinte años, pese a los avances en las técnicas de investigación.
“Que los tribunales no quieran hacer nada de nada tiene un punto de frustrante”, reconoce el letrado de la familia, Benet Salellas, que vincula la negativa a nuevas pesquisas a la condición de expolicía del principal investigado: “Sospecho que si fuera otra persona no se hubiera sido tan extremadamente garantista con sus derechos como investigado”.
Pese al varapalo judicial, la siguiente parada de la lucha de la familia fue Madrid. “Como el caso ahora lo tenemos en el Supremo, fuimos a dar una vuelta por Madrid para que la gente también se entere”, explica, incansable, Juanjo Álvarez. El padre del joven asesinado presentó la semana pasada, junto a los grupos de Unidas Podemos–En Comú, ERC, JxCat y la CUP, una proposición no de ley con la que buscan que el Congreso denuncie la “impunidad policial”, se solidarice con la familia y exija la reapertura del caso “antes de su prescripción”.
“La propuesta no es vinculante ni nada y a lo mejor se queda en una fotografía, pero lo importante es que esto no decaiga y que la gente se atreva a denunciar los abusos policiales de este país”, expresa Álvarez, que no puede ocultar su escepticismo con los políticos después de media vida en que mientras la justicia le daba la espalda los dirigentes de las instituciones se le quitaban de encima como podían. Ahora por lo menos algunos le reciben y le escuchan, pero por su experiencia Álvarez tiene claro que “en la calle es donde tenemos que seguir la lucha”.
Precisamente en la calle es donde se volverán a reunir los amigos y familiares de Pedro el próximo 15 de diciembre. Será una concentración, como cada año, en la plaza Universidad de Barcelona. “Llevamos 28 años haciéndolo le moleste a quien le moleste y no vamos a parar ahora ni por el bicho ni por los obstáculos que nos ponen los últimos años”, se queja Juanjo Álvarez en referencia a los escenarios publicitarios y para hacer campaña en favor del comercio local que el Ayuntamiento ha autorizado instalar en la plaza desde hace unos años coincidiendo con las fiestas de Navidad.
En paralelo a las iniciativas políticas y judiciales, la familia y la Plataforma Pedro Álvarez presentaron, justo antes de la pandemia, el documental 'Nosotros no olvidamos'. Acudieron a su estreno en L'Hospitalet más de 600 personas, pero la crisis sanitaria frustró los más de 100 pases previstos, que ahora se están empezando a reprogramar. El documental, un homenaje a la lucha de la familia dirigido por Damià Puig, acompaña a Juanjo Álvarez durante un año y medio en todos los actos para denunciar la muerte de su hijo, desde que se presentó en septiembre de 2018 en la ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova durante la Diada para interpelar a los políticos catalanes sobre el caso.
“El caso de Pedro Álvarez es tan flagrante que ha hecho que hasta hace poco muy poca gente de la política haya querido mojarse, y cuando lo han hecho ha sido más bien de forma simbólica, mientras que por contra en la calle la familia sí se ha sentido arropada”, afirma Puig, que destaca la “transversalidad de la lucha” de los padres del joven asesinado, que han conseguido que su batalla “sea compartida por varios sectores y nadie la instrumentalice”. El documental tenía que emitirse por TV3 tras aprobarlo el Parlament, pero este viernes por la tarde Puig recibió la negativa de la cadena, según denuncia el director “con excusas esperpénticas como que los títulos de crédito eran demasiado largos”.