La Abogacía del Estado acusa al Supremo de oponerse a la amnistía con “argumentos de carácter político”

La Abogacía del Estado ha presentado sus alegaciones contra la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo ha interpuesto sobre la ley de amnistía. Un documento adelantado por El País en el que la representación de la administración pública acusa a la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena de oponerse a la norma con “argumentos de carácter político y doctrinal que exceden sobradamente el carácter jurídico-constitucional propio de una cuestión de inconstitucionalidad”.

El Supremo, que juzgó y sentenció la causa principal del procés independentista catalán, fue el primero en presentar alegaciones contra la ley de amnistía después de afirmar que no aplicaría sus efectos al delito de malversación atribuido a los condenados así como al expresident Carles Puigdemont. Una cuestión de inconstitucionalidad en la que los jueces denuncian que la ley trata de forma desigual a los ciudadanos en función de su “ideología”.

El tribunal de garantías ha recibido en las últimas semanas una veintena de recursos e impugnaciones contra la ley de amnistía, la mayor parte procedentes de comunidades autónomas y parlamentos regionales controlados por el Partido Popular así como por la propia formación que preside Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. En estos momentos el debate se centra en qué magistrados deben apartarse de las deliberaciones: el exministro Juan Carlos Campo se ha abstenido y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han solicitado que José María Macías también lo haga.

La cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Penal del Supremo ha sido la primera en ser admitida a trámite y se ha encontrado con la oposición de la Abogacía del Estado. “El principio de igualdad no implica la necesidad de dar un alcance universal a los efectos de la amnistía, sino a que no existan discriminaciones entre personas que se encuentren comprendidas en el supuesto habilitante de la norma”, afirma frente a la acusación de que no toda la población es tratada por igual.

En su cuestión de inconstitucionalidad interpuesta el pasado mes de julio, el Supremo elevó sus acusaciones contra el procés y sus líderes, hablando por primera vez de “golpistas” y “golpe de Estado” para referirse al proceso independentista, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia. La amnistía, dijo el Supremo, supone una “grosera discriminación” entre españoles atendiendo a su “opinión política”.