Sorpresa en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado en la causa sobre el 1-O que juzgará a los más estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en 2017. La acusación que depende del Ministerio de Justicia no ha pedido pena alguna para el dirigente de ERC y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, a quien la Fiscalía, en cambio, solicita seis años y tres meses de cárcel.
Es la principal novedad del escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. La Abogacía sí acusa a los dos otros dos procesados, el parlamentario de ERC Josep Maria Jové, a quien pide 3 años y medio de cárcel por malversación, y a la consellera de Cultura Natàlia Garriga, a quien solicita un año de inhabilitación por desobediencia.
En su escrito, la Abogacía no menciona ni una sola vez a Salvadó pese a que formó parte del núcleo duro de la conselleria de Economia que lideró Oriol Junqueras como secretario de Hacienda. Se trata de la primera diferencia de criterio relevante entre Fiscalía y Abogacía del Estado en la causa que juzgará los preparativos del 1-O, habida cuenta de que Salvadó era uno de los imputados desde el inicio del caso en 2017.
Como ya ocurre en la causa del procés del Supremo, Fiscalía y Abogacía discrepan sobre el tipo de malversación a aplicar a los dirigentes soberanistas. Mientras la Fiscalía acusa a Jové y Salvadó de malversación con ánimo de lucro para financiar el referéndum del 1-O, la Abogacía, en cambio, cree que Jové cometió uno de los tipos de malversación pactados entre PSOE y ERC, la que castiga el “uso público distinto” de los recursos públicos, pero sin ánimo de lucro.
Esta distinta interpretación hace que las penas solicitadas por la Fiscalía sean más altas que las que reclama la Abogacía del Estado. A Jové el Ministerio Público le pide siete años de cárcel, pena que la Abogacía rebaja a la mitad. La inhabilitación reclamada para Jové también es ostensiblemente diferente: 32 años la Fiscalía; siete la Abogacía del Estado.
En su escrito, la Abogacía mantiene que Jové –secretario general de la vicepresidencia el 1-O– y Garriga –directora de servicios del departamento– “desatendieron” los mandatos del Tribunal Constitucional para no impulsar el referéndum y “llevaron a cabo actuaciones dirigidas a hacer posible” su celebración.
Jové, abunda la Abogacía, llevó a cabo una búsqueda de locales para instalar urnas e hizo las gestiones oportunas para lograr la cesión de locales alternativos por si algún municipio no prestaba los centros habituales de votación, sin impedir que se remitieran cartas a los alcaldes catalanes para reclamar esas sedes electorales.
Además, añade el escrito, “no dio ninguna orden” para impedir que responsables de otros departamentos de la Generalitat “pagaran o comprometieran fondos públicos” para la celebración del referéndum, entre ellos los gastos de la campaña de publicidad, de la organización de la administración electoral o de los observadores internacionales.
Es más, agrega, Jové “ordenó y autorizó” los gastos relacionados con la administración electoral del 1-O, en concreto los relativos a la distribución de notificaciones a los miembros de las mesas electorales y las tarjetas censales y encargó repartirlos a la empresa Unipost S.A.
Tanto a Jové como a Garriga, la Abogacía les acusa de llevar a cabo gestiones para conseguir la cesión de locales “donde se pudiera almacenar el material que se precisaba para la celebración de la votación del referéndum, en concreto, paletas y sobres con documentación electoral”.
También sostiene que la consellera de Cultura dio “indicaciones expresas” al exdirector de Comunicación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para que la página web referendum.cat “fuese accesible a todo el mundo, sin necesidad de usuarios y contraseñas”.