Tal y como anunció el pasado sábado, el abogado Andrés García Berrio ha presentado una queja ante la conselleria de Interior por la denuncia que recibió por parte de los Mossos en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', y que podría implicar una sanción de 600 a 30.000 euros.
En el documento presentado a Interior, el centro para la defensa de los Derechos Humanos Irídia, del que forma parte García Berrio, ha solicitado la apertura de una investigación interna que esclarezca lo ocurrido y que “se sancione a los agentes intervinientes” en la denuncia al abogado. Asimismo, Irídia ha pedido que el departamento realice “todas las actuaciones que consideren pertinentes” para evitar que se repitan situaciones como la que ocurrió el sábado.
Según la versión de García Berrio, al finalizar el acto del pasado sábado para cerrar el CIE de Zona Franca (cuyo abogado era mediador), un fotoperiodista tuvo un problema de salud y se desmayó. El abogado le asistió junto con una enfermera, una persona que tenía conocimientos de medicina y la pareja del fotoperiodista, que le pidió que se quedara por la relación de amistad que mantiene con García Berrio.
Según el abogado, cuando llegó la ambulancia el jefe del operativo del Área de Recursos Operativos del cuerpo de Mossos le dijo que se fuera del lugar “de malas maneras”, y que no escuchó cuando le dijo que quería quedarse cerca del fotoperiodista porque su pareja le había pedido. En este punto el agente comenzó a increpar García Berrio “de forma desagradable”, según el abogado, y le comunicó que el denunciaría por desobediencia a la autoridad y que la identificaría “por las buenas o esposado”.
La versión policial, por el contrario, asegura que García Berrio “entorpecía” el trabajo de los agentes, accedió a la zona restringida y se negó a volver al espacio habilitado para la concentración contra los CIE. Los Mossos han asegurado que el abogado “no hacía caso” a las indicaciones de los agentes que le explicaban que el fotoperiodista ya estaba siendo atendido por los policías, una enfermera y su pareja.
El semanario La Directa ha avanzado que el agente que denunció García Berrio fue condenado en firme por una controvertida intervención en la discoteca Rosebud, que la juez que dirimió el caso calificó de “desafortunada, innecesaria, desproporcionada y repugnante”.
Mecanismos aparte de la 'ley mordaza'
Por otra parte, Irídia ha pedido al conseller de Interior, Jordi Jané, que el departamento realice funciones de control de la seguridad y el orden público a través de otros mecanismos “más respetuosos” con el derecho de reunión y manifestación que los que se derivan de la 'ley mordaza'.
En un comunicado, Irídia calificó la actuación policial como “desmedida y arbitraria”, y consideró que empeoró la situación en que se encontraban el fotoperiodista y su pareja. “Entendemos que este comportamiento dista de lo esperable y exigible a todo agente policial, los cuales, en base al Código de Ética, deben actuar con respeto, amabilidad y empatía defendiendo los derechos de las personas”, ha añadido el centro del que forma parte García Berrio.
El centro de Derechos Humanos ha recordado que, según tengan constancia, es la primera denuncia en aplicación de la Ley Mordaza en un contexto de manifestación, lo que, a su juicio, “restringe derechos y libertades ciudadanas en el marco del derecho de reunión y manifestación”.
Consulta la queja presentada por Irídia a la conselleria de Interior: