Si el procés lo permite, la seguridad va a ser uno de los temas de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. El PSC y Junts se han lanzado a competir para proponer más mano dura contra los robos y las ocupaciones. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, bendijo la propuesta del Colegio de la Abogacía (ICAB) de la capital catalana para endurecer el Código Penal y castigar con penas de cárcel el hurto de móviles, y Junts ya la ha registrado en el Congreso.
A pie de juzgado, sin embargo, varios letrados comparten con elDiario.es su preocupación por el populismo punitivo inherente a las reformas planteadas, esto es, la creencia de que con penas más altas se corregirá la situación. “Castigar más no resuelve un problema que es claramente social”, advierte la penalista Olga Tubau.
“Todos los estudios científicos recientes muestran que subir las penas no tiene un efecto preventivo sobre la comisión del delito ni sobre la reincidencia”, expone la abogada Júlia Humet. Es más, los datos muestran que pasar mucho tiempo en la cárcel no funciona. “La gran mayoría de la gente que roba en Barcelona es porque no tiene otra manera de subsistir, y lo seguirán haciendo igual, suban o bajen las penas”, agrega la letrada.
Tubau ahonda en este diagnóstico: “El robo o el hurto puede crear alarma social porque es un delito que se ve en la calle. Endurecer las penas es una medida rápida y populista que puede tranquilizar a parte de la población, pero la solución vendrá si el Estado y la sociedad son capaces de avanzarse a las medidas penales y aumentar la red educacional y de asistencia social frente a las situaciones vitales precarias que preceden al delito”.
“¿Por qué en el juzgado de guardia no hay un asistente social?”, se pregunta, en este sentido, la abogada Norma Pedemonte. La letrada recuerda que a la inmensa mayoría de los detenidos por hurtos se les asigna un abogado o abogada de oficio porque no se pueden permitir pagar otra defensa, y que muchos de los juicios rápidos por este delito se celebran sin la presencia del acusado al permitirlo la ley.
Al igual que recuerdan periódicamente los jueces cuando desde sectores políticos y empresariales se reactiva la alarma por las okupaciones, el abogado Carlos Hurtado señala que el porcentaje de ocupaciones ligadas a la mafia o a la delincuencia “es muy reducido” en comparación con las que derivan de la pobreza, y que el actual Código Penal ya permite una recuperación rápida de la propiedad en el caso de las primeras.
Propuestas como desalojar cautelar judicialmente en 48 horas a un ocupa si no aporta un título de posesión legítimo, advierte Hurtado, “apuntan y señalan a los colectivos más vulnerables de la sociedad y les limita muchísimo su derecho a la tutela judicial efectiva. ”¿Qué pasa si después del juicio se demuestra que la persona no tenía que ser expulsada?“, incide el letrado, que defiende a decenas de familias vulnerables que ocupan una vivienda porque no tienen otra alternativa. ”Cuando hablamos de vivienda no solo podemos hablar de derecho a la propiedad, porque es un derecho que está ligado al derecho a la salud, a la infancia o a la integridad física“, añade.
Más debate interno
El abogado Andrés Pérez Subirana atiende a elDiario.es por teléfono desde la comisaría de Les Corts de Barcelona, mientras espera para asistir a un detenido. Además de la falta de visión social, Pérez Subirana, miembro de la comisión del turno de oficio del ICAB, critica que la dirección del colegio presentara públicamente la propuesta para endurecer las penas por robos, hurtos y okupaciones ilegales sin un debate interno previo y sin consultar a su comisión, la más representativa y elemental de la institución colegial para garantizar la defensa a todo el mundo.
“Cuando asistimos a un detenido por el turno de oficio, a menudo ya nos encontramos con su desconfianza porque nos ven como a alguien del sistema que no va a ayudarles. ¿Si un detenido por hurto de móvil me pregunta por qué mi institución quiere aumentar su pena de cárcel, qué le respondo?”, se pregunta Pérez Subirana, que alerta: “Hay que tener mucho cuidado con la solución fácil de aumentar penas frente a un problema complejo porque así es como se le hace el juego a la extrema derecha”.
“No hay que engañarse: claro que la abogacía es un colectivo eminentemente conservador, pero me preocupa que, como institución, el Colegio de la Abogacía de Barcelona deje de lado su razón de ser, que es la defensa de todas las personas, y se apunte al populismo punitivo que criminaliza la pobreza”, reflexiona Guillem Bernat, portavoz de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD), que agrupa a operadores jurídicos de tendencia progresista.
“¿A qué intereses responde una propuesta oficial del ICAB para endurecer las penas? Porque está claro que a los de los despachos pequeños, los abogados del turno de oficio o al papel social de la abogacía, no”, critica Humet.
A la vista (políticos al margen) de los asistentes a la presentación de la medida –la patronal de la gran empresa Foment del Treball y empresarios turísticos y rentistas, administradores y propietarios de vivienda–, Humet constata un sesgo de clase: “La propuesta es acorde con los intereses de grandes empresas, patronales y grandes despachos con intereses económicos, pero no del conjunto de la abogacía”.
Bernat duda incluso de la constitucionalidad de cualquier propuesta, venga de donde venga, para aumentar las penas por hurtos: “Se busca la pena como fin en sí mismo y como un supuesto acto disuasorio, cuando el mandato de la Constitución es que la pena debe estar enfocada a la reinserción” .
Más allá de los casos concretos y de los autores de las propuestas legislativas, Tubau advierte de un panorama en el que buena parte de las instituciones y los partidos “están otorgando al Código Penal un efecto mágico para resolver problemas que no tiene”.
“Falta mucha pedagogía para ayudar a entender que el Código Penal es el último instrumento del Estado para resolver los conflictos, que antes hay muchos más y que incluso cuando se producen hay soluciones como la Justicia restaurativa, que no se centra en el castigo”, destaca Tubau. “Pero para ello hace falta invertir dinero, mientras que cambiar el Código Penal es gratis”, concluye.