Solo con cruzar el portal, ya se observa que algo pasa en la finca: de los contadores de agua salen mangueras hacia las viviendas. En el primero, un piso que se supone que está en obras, la puerta se abre y aparecen dos hombres corpulentos sentados en un sofá. Son empleados de una empresa de desokupaciones ilegales que mantiene en un estado de tensión constante desde hace diez meses a sus 'vecinos', que ocupan sin contrato de arrendamiento los pisos superiores de esta finca del barrio del Poble-sec de Barcelona.
“Stop Okupas Low Cost nos hace la vida imposible: ha inundado la finca varias veces, ha quitado la puerta de la entrada, ha obstruido la bajante y ha saboteado el agua y la luz”, denuncia Silvio, uno de los ocupantes de la finca. “Pero resistiremos”, apostilla. El caso del inmueble de la calle Magalhaes 83 de la capital catalana ha terminado en los juzgados: los dueños del edificio y uno de los administradores de la empresa de desokupaciones están imputados por el acoso inmobiliario a los ocupantes del bloque. Sus declaraciones están señaladas para este mes de octubre.
Todo empezó a principios de año. Tras morir sin herederos el anterior dueño de la finca, una empresa inmobiliaria constituida en 2017, domiciliada en Málaga y administrada por tres ciudadanos de origen ruso adquirió el inmueble. En los pisos de la calle Magalhaes vivían, desde hacía años, un inquilino con contrato de arrendamiento en vigor y otros vecinos que ocupaban las viviendas en precario, y que disponen de informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales.
Según las denuncias de los vecinos, los nuevos dueños optaron por ir más allá de la ley. Sin esperar a que se ejecuten los desahucios que ya ha acordado la Justicia sobre los ocupantes, desde el pasado mes de enero se han sucedido varios actos de acoso inmobiliario a cargo de la empresa Stop Okupas Low Cost. El único arrendatario con contrato en vigor se fue cuando empezaron las acciones de Stop Okupas Low Cost, y es el piso donde ahora permanecen los empleados de la empresa de desokupaciones ilegales.
Durante la visita que elDiario.es realiza a la finca, los dos empleados de Stop Okupas Low Cost del primer piso declinan contestar a cualquier pregunta. Por su lado, una de las defensas de los dueños del inmueble investigados ha negado que la propiedad contratara a la empresa de desokupaciones para hostigar a los vecinos. “No se ha pedido a Stop Okupas que haga nada ilegal, sino que vigile la finca para que no se okupen más pisos, como ya ocurrió con la aquiescencia de la policía”, ha manifestado el letrado Emilio Valdivia a preguntas de este diario.
A diferencia de otros casos de acoso inmobiliario, en el que las empresas empiezan sus coacciones por WhatsApp para después pasar a la intimidación física en la calle, en esta finca del Poble-sec las presiones se producen en el mismo rellano y en forma de corte de los suministros básicos. En este intento de hacer prevalecer a toda costa el derecho a la propiedad, también se han denunciado dos amenazas de los trabajadores de Stop Okupas, una de ellas después de que, junto al Sindicato de Inquilinos, los ocupantes repusieran la puerta de entrada a la finca que los empleados habían retirado a la fuerza.
En conjunto, los Mossos d'Esquadra han abierto en menos de un año siete diligencias por las actuaciones de la empresa de desokupaciones ilegales en la finca. Ante el juzgado, los inquilinos han aportado decenas de vídeos y fotografías de los “actos de sabotaje” en la finca de los que acusan a los empleados de Stop Okupas Low Cost. Los atascos de la bajante general de la finca (a la que solo se puede acceder desde el piso en que ahora permanecen los empleados de Stop Okupas Low Cost) se han sucedido desde que el anterior vecino se fue. La salida de aguas fecales al patio de la finca provocó malos olores durante días.
“Los sabotajes no solo nos afectan a nosotros, sino al resto vecinos del barrio, que sufren la peste o los cortes de luz y las obras en la calle para repararlos”, denuncia Francesco, otro de los ocupantes de la finca. Cuando los ocupantes llamaron a un operario para arreglar la avería, tras la mediación de los Mossos d'Esquadra, el técnico encontró un material resistente que obstruía la bajante. En otros atascos de la bajante se han encontrado clavos en el interior.
Unos días después, el suministro de agua de la finca también quedó cortado pese a que los ocupantes mantenían al día sus recibos. Los vecinos pudieron ver a varios hombres acceder a los bajos de la finca, a los que únicamente tiene acceso la propiedad, y por los que pasan todas las cañerías. Resultaron ser operarios privados contratados por la propiedad, según admitieron ellos mismos.
Los cortes también se han extendido al servicio de luz. El pasado 5 de mayo, Francesco descubrió que los plomos de toda la finca, ubicados en el portal, habían sido arrancados tras destrozar dos operarios el cajetín que los contenía. Las pesquisas de la Guardia Urbana permitieron identificar a un vigilante de Stop Okupas Low Cost como la persona que abrió al operario, un obrero que alegó que trabajaba contratado por la propiedad en la reforma del bajo. Los trabajos de la compañía eléctrica para que la finca recuperara el suministro incluyeron la apertura de un boquete en plena calle y el corte de la luz de varias fincas colindantes del Poble-sec como medida de seguridad.
Lejos de achantarles, los sabotajes han unido más a los ocupantes de Magalhaes 33. “Yo entré aquí por necesidad, porque no tenía una vivienda, y cuando empezó todo pensé en irme. Llegaron a ofrecerme dinero, pero terminé convencido de que es importante resistir y no ceder en un derecho tan importante como la vivienda y el tener un techo”, asevera Nathaniel, con el asentimiento inmediato de sus otros tres compañeros.