Activistas de Girona denuncian una nueva infiltración policial en los movimientos sociales

Una agente de la Policía Nacional se infiltró durante años en los movimientos sociales e independentistas de Girona y llegó a mantener una larga relación sentimental con un activista local. Así lo ha destapado este viernes el medio La Directa y lo han denunciado públicamente los colectivos en los que esta mujer, Maria I. P, se implicó al tiempo que pertenecía a la Comisaría de Información General de la Policía. Este es el cuarto caso conocido en el último año de un policía encubierto dentro de entidades sociales en Catalunya y la Comunitat Valenciana.  

Maria aterrizó en Girona desde Palma en 2020 con una identidad falsa, según La Directa y los colectivos denunciantes, y pronto se implicó en distintas iniciativas sociales de la localidad. Comenzó colaborando en la acción Tancada per Drets, para reclamar derechos para los jóvenes migrantes extutelados, y continuó en entidades como el Sindicato de Vivienda y el Espacio Antirracista de Salt, localidad vecina de Girona. 

A lo largo de su infiltración, que según los denunciantes llega hasta el día de hoy –cuando ha sido expulsada de los grupos de WhatsApp de las entidades–, la agente llegó a establecer una relación sentimental con un conocido activista independentista local, Òscar. Ambos compartieron piso y militancia en la ciudad, según ha contado él mismo en una rueda de prensa este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno. “Sin escrúpulos ni ningún indicio de humanización”, ha declarado el afectado, Maria penetró en su “intimidad” y “sentimientos más profundos” durante tres años. 

Òscar ha comparecido acompañado de una portavoz de las entidades afectadas, Sílvia Rispau, y del abogado de Alerta Solidària, Martí Majoral. También han acudido al acto un centenar de personas, entre ellas el nuevo alcalde de la ciudad, Lluc Salellas (Guanyem), así como los tenientes de alcaldía de Junts y ERC; la candidata de la CUP a las elecciones generales, Mireia Vehí, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. 

Todos ellos han acusado al Estado de haber sobrepasado “todas las líneas rojas” –en palabras de Òscar–, de mantener abierto el conflicto en Catalunya y, en particular, han acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de mentir cuando dijo que los agentes se ciñen a perseguir delitos. “No somos delincuentes ni una amenaza para los ciudadanos; lo somos para las estructuras de este Estado opresor”, ha manifestado frente a los periodistas Òscar. 

Su abogado ha anunciado que, como en otros casos anteriores destapados, emprenderán acciones legales. En una de las infiltraciones destapadas en los movimientos sociales de Barcelona, cinco mujeres presentaron una querella por abusos sexuales continuados, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, entre otros, contra el policía Daniel Hernández. 

Las entidades afectadas han declarado estar “en shock”, pero han añadido que se niegan a caer a partir de ahora en la paranoia sobre posibles infiltrados y que seguirán con las puertas abiertas a la participación. Asimismo, han llamado a la movilización “contra la cara más oscura del Estado” y como única vía para “construir” una alternativa “al mundo distópico” que suponen para ellos estas operaciones de encubrimiento policial. 

Durante su intervención, Òscar, pareja durante años de la agente infiltrada, ha explicado el impacto que esta noticia ha tenido sobre su “capacidad de sentir, amar y acoger”. “Su medio ha sido nuestra bondad y empatía”, ha proseguido, y ha añadido que la mujer llegó a fingir que su padre tenía cáncer para dejar Girona una vez empezaron a destaparse los casos anteriores. 

“El Estado ha vulnerado nuestros derechos con la finalidad de aniquilar la resistencia y la autoorganización popular”, ha proclamado. 

Desde Alerta Solidaria han denunciado además que, gracias a su condición de infiltrada, Maria pudo incluso acceder a información judicial confidencial, la que afecta al caso abierto que tiene Òscar junto a otros activistas independentistas. Se trata del caso conocido en Girona como 21 Raons, por el que se piden penas de cárcel para 21 activistas por las protestas del aniversario del 1 de octubre en 2018 en la ciudad. Òscar es uno de los imputados y su pareja por entonces tuvo acceso a toda la documentación judicial.